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Altos mandos de la PN y las Fuerzas Armadas firmaban nóminas del Cestur

La defensa técnica del coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, solicitó al Primer Tribunal Colegiado que dicte sentencia absolutoria a favor del oficial, alegando que la acusación presentada por el Ministerio Público se construyó sobre lo que calificó como una “falsa verdad basada en testigos comprados”.

Durante su intervención final en el juicio del caso Operación Coral, la defensa también pidió al tribunal ordenar la devolución de los bienes incautados y disponer el cese de la medida de coerción que pesa contra su representado. Según los abogados, las pruebas presentadas por la acusación no demuestran la participación del oficial en el presunto entramado de corrupción investigado por las autoridades.

En su discurso de cierre, el abogado y defensor público Luis Cuevas intentó demostrar que el exencargado de Recursos Humanos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) no formaba parte del supuesto esquema que, entre los años 2014 y 2020, habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones mediante nóminas irregulares en entidades como Cestur, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El jurista sostuvo que incluso parte de las pruebas presentadas por el propio Ministerio Público evidencian que su defendido no firmaba las nóminas ni tenía control directo sobre la inclusión o exclusión de personal.

Cuevas explicó que, de acuerdo con las leyes 590 y 130, las nóminas debían contar obligatoriamente con las firmas del jefe de la Policía Nacional y del jefe de las Fuerzas Armadas, además de las del director y del responsable financiero de Cestur.

Este argumento busca desmontar —según la defensa— la narrativa de que Guzmán Alcántara tenía capacidad para manipular el sistema de pagos, algo que consideran inconsistente con la estructura administrativa establecida por la ley.

Otro de los puntos centrales del alegato fue la credibilidad de los testigos presentados por el Ministerio Público, particularmente los hermanos Vicente y Raúl Girón, quienes habrían sido excluidos de la acusación a cambio de colaborar con las autoridades.

La defensa señaló que durante un allanamiento realizado a Vicente Girón se habrían encontrado sellos gomígrafos correspondientes a distintas dependencias institucionales, incluyendo los de la Dirección de la Policía Nacional, la dirección financiera, contraloría, control interno y recursos humanos.

Ante esta situación, el defensor planteó una interrogante al tribunal:

“¿Significa esto que también es culpable el jefe de la Policía y que forma parte del entramado?”, cuestionó.

Cuevas insistió en que la existencia de un sello gomígrafo de la dirección de Recursos Humanos —cargo que ocupaba su defendido— no constituye prueba suficiente para vincularlo al supuesto esquema de nóminas irregulares entre 2017 y 2020.

Como comentario que surge de la propia dinámica del proceso judicial, el caso Operación Coral continúa generando intensos debates sobre la solidez de las pruebas, la credibilidad de los testigos colaboradores y la responsabilidad real de cada imputado dentro de una de las investigaciones de corrupción más complejas que ha enfrentado el sistema judicial dominicano en los últimos años.

Por: Noticonexion

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