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Ministerio Público revela contactos previos entre Hugo Beras y Jochy Gómez antes de su designación
El Ministerio Público reveló que desde el año 2021, antes de ser designado como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en 2022, Hugo Marino Beras-Goico Ramírez habría iniciado contactos para acercarse al empresario José Ángel (Jochy) Gómez Canaán.
Según la acusación presentada durante el juicio preliminar, Beras habría solicitado a un amigo en común, Mario Virgilio Alcalá Rodríguez, que lo presentara con Gómez Canaán. A partir de ese encuentro, ambos comenzaron a sostener reuniones frecuentes en las que, de acuerdo con el expediente, discutían planes y posibles proyectos que desarrollarían juntos cuando Beras asumiera la dirección del Intrant.
El señalamiento fue expuesto por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien sostiene que estas reuniones previas serían parte del origen de un esquema que posteriormente derivó en el controvertido proyecto de semaforización del Gran Santo Domingo.
Designaciones clave y aumento del presupuesto del proyecto
De acuerdo con el órgano acusador, una vez Hugo Beras asumió la dirección del Intrant, nombró como coordinador del Despacho y representante en la presidencia del Comité de Compras y Contrataciones a Rafael Atilano Díaz Warden.
El Ministerio Público explicó que el Plan Operativo Anual del Intrant para 2023 contemplaba inicialmente un proyecto relacionado con la planificación, diseño, innovación y supervisión de la movilidad terrestre, específicamente la modernización e implementación del centro de control de tránsito del Gran Santo Domingo, con un presupuesto estimado de RD$104 millones.
Sin embargo, según la acusación, cuando se convocó la licitación pública nacional, el monto del proyecto habría sido incrementado de manera significativa hasta RD$1,200 millones.
Esto representaría un aumento de RD$1,096 millones, el cual, según el Ministerio Público, no contaba con justificación técnica ni con un estudio de mercado que lo respaldara. Para los fiscales, este incremento provocó un impacto considerable en el presupuesto institucional de compras del Intrant para el año 2023, estimado en RD$8,811,058.24.
El caso ha generado amplio debate público, ya que la modernización del sistema de semáforos era vista como una medida necesaria para mejorar el caótico tránsito en el Gran Santo Domingo, pero terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más relevantes sobre presunta corrupción administrativa en los últimos años.
Empresas involucradas y presunto esquema de intermediación
Durante la presentación del expediente, el Ministerio Público también abordó las irregularidades en la constitución de la empresa Transcore Latam, SRL, una de las compañías vinculadas al proyecto.
Según la acusación, se determinó que las plataformas tecnológicas y la infraestructura utilizadas no pertenecían realmente a la empresa adjudicataria, sino a una entidad identificada como “Carnet y Portales”.
En este contexto, el Ministerio Público sostiene que Jochy Gómez Canaán habría actuado como intermediario, mientras que la estructura empresarial habría sido utilizada para ejecutar el proyecto de semaforización.
Los fiscales también mencionaron a otros imputados en el proceso judicial, entre ellos Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero.
A medida que avanza el juicio preliminar, el caso continúa atrayendo la atención pública, ya que pone en el centro del debate temas sensibles como la transparencia en las contrataciones públicas, el manejo del presupuesto estatal y los mecanismos de control sobre proyectos tecnológicos de alto costo dentro de las instituciones del Estado.
Por: Noticonexion
