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El municipio de Jacagua y el sector Los Cocos, en Santiago, funcionaban como los principales centros de operaciones de una sofisticada estructura de ciberextorsión transnacional que logró estafar a más de 400 ciudadanos estadounidenses, según establece el expediente presentado por el Ministerio Público.
Las autoridades indican que los datos de las víctimas fueron validados por el Homeland Security de Estados Unidos, lo que evidencia el alcance internacional de una organización que utilizó la tecnología y la manipulación psicológica para obtener importantes beneficios económicos.
Anuncios falsos y números virtuales para captar víctimas
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo supuestos servicios sexuales prestados por mujeres inexistentes.
Para evitar ser identificados, utilizaban números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a través de proveedores radicados en territorio norteamericano. Estos números redirigían llamadas y mensajes de WhatsApp hacia los centros operativos ubicados en Santiago.
Cuando una víctima, identificada dentro de la organización como un “Pancho”, establecía contacto, los llamados “tiradores” iniciaban una conversación destinada a obtener información personal, fotografías y, en algunos casos, adelantos de dinero mediante tarjetas de regalo.
Una vez conseguían el número telefónico real del usuario, realizaban capturas de pantalla y compartían la información con otros miembros de la estructura, quienes efectuaban búsquedas detalladas en plataformas de registros públicos de Estados Unidos.
Gracias a estas consultas obtenían datos sensibles como nombres de familiares, direcciones residenciales, lugares de trabajo y edades de las víctimas. Este nivel de información permitía construir un perfil detallado que posteriormente era utilizado para aumentar la presión psicológica durante el proceso de extorsión.
Amenazas con supuestos carteles y organizaciones criminales
Con el perfil completo de la víctima, otro integrante de la organización volvía a contactarla haciéndose pasar por el supuesto administrador o encargado de la mujer anunciada.
Siguiendo un guion cuidadosamente elaborado, reclamaba que la joven había perdido tiempo y dinero debido al supuesto interés mostrado por la víctima, argumentando que había rechazado otros clientes por su culpa. A partir de ese momento exigían el pago inmediato de una compensación económica.
Cuando la persona se negaba a pagar, comenzaba la fase más agresiva del esquema criminal. Según el Ministerio Público, los imputados enviaban mensajes, audios y videos asegurando pertenecer a grupos criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas.
Los investigadores sostienen que la red elaboraba montajes audiovisuales con individuos encapuchados portando armas largas, a los que añadían grabaciones de voz en inglés o español con acento extranjero. En dichos mensajes se mencionaban expresamente los nombres de las víctimas o de sus familiares, buscando hacer creíbles las amenazas de muerte.
El nivel de intimidación era tal que muchas personas, dominadas por el miedo, terminaban realizando los pagos exigidos. Este caso demuestra cómo las organizaciones criminales modernas han sustituido en muchos casos la violencia física por el terror psicológico digital, una modalidad que puede resultar igual de efectiva para obtener ganancias ilícitas.
Millones de pesos, lavado de activos y evidencias ocupadas
Las víctimas realizaban los depósitos mediante plataformas digitales como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime y transferencias en Bitcoin.
Para dificultar el rastreo del dinero y evadir controles financieros, las cuentas receptoras en Estados Unidos pertenecían a intermediarios conocidos como “colectores”, quienes transferían rápidamente los fondos hacia otros destinos.
Posteriormente, el dinero era enviado a República Dominicana a nombre de presuntos testaferros mediante remesadoras como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca, cobrando comisiones que oscilaban entre un 15 % y un 30 % por cada movimiento transnacional.
El Ministerio Público afirma haber documentado este esquema mediante interceptaciones telefónicas, informes forenses, análisis periciales, recibos de envío y múltiples evidencias financieras incorporadas al expediente.
Durante los allanamientos fueron ocupados decenas de teléfonos móviles, máquinas para contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro presuntamente vinculadas a las actividades ilícitas.
Además, el órgano acusador presentó movimientos bancarios por decenas de millones de pesos, reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que indicarían la ausencia de empleos formales entre los imputados y registros de terrenos e inmuebles que habrían sido adquiridos para fines de lavado de activos.
El extenso expediente de la denominada Operación XL 526 describe cómo un grupo de jóvenes logró construir una estructura criminal altamente organizada, combinando herramientas tecnológicas con estrategias de manipulación emocional para ejecutar una de las investigaciones de ciberextorsión más relevantes registradas en la provincia de Santiago.
Será el próximo lunes cuando la jueza de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que solicita prisión preventiva para los imputados y la declaratoria de caso complejo debido a la cantidad de involucrados y la magnitud de la presunta red criminal.
Por: Noticonexion
