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La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend) denunció una presunta ola de cierres arbitrarios y atropellos contra establecimientos del sector, atribuidos a operativos realizados por el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) en coordinación con la Policía Nacional.
Según los representantes del gremio, las intervenciones se están ejecutando incluso antes de que concluya el horario de funcionamiento permitido por la legislación vigente, generando preocupación e incertidumbre entre los empresarios dedicados al entretenimiento nocturno.
Empresarios denuncian clausuras pese a cumplir con los requisitos
El presidente de la organización, Junior González, afirmó que numerosos establecimientos han sido cerrados temporalmente aun cuando presentan toda la documentación requerida por las autoridades.
“Nos solicitan los documentos, los mostramos completamente en regla y, aun así, proceden a cerrar los negocios y colocar cintillos de clausura”, expresó González al denunciar lo que considera una práctica recurrente.
La situación ha generado malestar dentro del sector, que sostiene que el cumplimiento de las normativas debería garantizar un trato justo y transparente por parte de los organismos fiscalizadores. El conflicto pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que surjan cuestionamientos sobre la aplicación de los procedimientos administrativos.
Pérdidas millonarias afectan a trabajadores y proveedores
De acuerdo con datos suministrados por la Udcend, durante los primeros seis meses de 2026 se ha registrado un incremento significativo en las clausuras de establecimientos de diversión en distintas localidades del país.
Las provincias más afectadas han sido Baní, con 17 centros intervenidos; Azua, con 10; Santo Domingo Norte, con 12; y Santo Domingo Este, con cinco establecimientos cerrados en las últimas semanas.
El gremio estima que estas acciones han provocado pérdidas económicas de entre 50 y 60 millones de pesos, una cifra que impacta no solo a los propietarios de negocios, sino también a cientos de empleados, suplidores y pequeños comerciantes que dependen de la actividad nocturna para generar ingresos.
Más allá de los números, la situación evidencia cómo cualquier interrupción prolongada en este sector puede repercutir en una amplia cadena económica, especialmente en comunidades donde estos establecimientos representan una importante fuente de empleo y dinamización comercial.
Convocan manifestación frente al Palacio Nacional
Ante lo que califican como una falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, los representantes de la organización anunciaron una manifestación pacífica para el próximo 30 de junio frente al Palacio Nacional, con el objetivo de llamar la atención del Gobierno sobre la problemática.
Los directivos hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader, asegurando que buscan garantías para continuar operando dentro del marco legal y sin temor a cierres que consideran injustificados.
“Somos hombres y mujeres trabajadores que solo queremos ganarnos la vida en paz, sin vivir bajo un constante estado de zozobra”, manifestaron.
Los empresarios reiteraron que cumplen con las regulaciones relacionadas con los niveles de ruido establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, así como con las disposiciones laborales y comerciales vigentes. En ese sentido, solicitaron que se garantice el debido proceso, la seguridad jurídica y condiciones equitativas para el desarrollo de la inversión privada en la industria del entretenimiento nocturno.
El debate plantea un desafío importante para las autoridades: encontrar el equilibrio entre la supervisión necesaria para preservar el orden público y el respeto a los derechos de quienes generan empleos y contribuyen al movimiento económico del país.
Por: Noticonexion
