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El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que modificaría el marco legal para la protección del patrimonio cultural en la República Dominicana, una iniciativa que ahora solo espera ser conocida y votada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
La propuesta, presentada por el senador Santiago Zorrilla, busca endurecer las sanciones contra quienes dañen, destruyan o incumplan las normas relacionadas con la conservación de bienes considerados parte del patrimonio nacional. Entre ellos se incluyen piezas y espacios de valor arqueológico, histórico, artístico, científico, antropológico, educativo y folclórico.
Sanciones más severas para proteger el patrimonio
El proyecto establece multas de entre tres y seis salarios mínimos para quienes no informen al Ministerio de Cultura sobre la posesión de bienes patrimoniales.
Asimismo, contempla sanciones de entre 50 y 100 salarios mínimos para quienes destruyan o deterioren de manera intencional un bien declarado patrimonio cultural. Además de la multa, los responsables deberán asumir el costo de la reparación y restitución del bien afectado.
La iniciativa también fija multas de entre 20 y 50 salarios mínimos para quienes exporten bienes patrimoniales sin la autorización previa del Poder Ejecutivo.
En el caso de los patrimonios monumentales, arqueológicos y subacuáticos, cualquier exploración, excavación, remoción o intervención realizada sin el permiso correspondiente sería castigada con multas de entre 20 y 40 salarios mínimos.
El proyecto también establece que quienes sustraigan bienes patrimoniales serán procesados por robo, conforme a las disposiciones del Código Penal. Además, reconoce como robados los objetos culturales pertenecientes a otros Estados que se encuentren de manera ilícita en territorio dominicano, disponiendo la cooperación de las autoridades para su devolución.
Otra de las medidas prohíbe colocar publicidad, letreros, dibujos, emblemas o cualquier otro elemento sobre los monumentos nacionales, así como realizar construcciones apoyadas en estas estructuras. Estas infracciones también conllevarían multas de entre 20 y 40 salarios mínimos.
El Estado asumiría el mantenimiento y podría expropiar bienes abandonados
La propuesta legislativa dispone que el Ministerio de Cultura será responsable de cubrir los gastos de mantenimiento, reparación y puesta en valor de los monumentos nacionales que sean propiedad de particulares, aunque no asumirá los costos derivados de modificaciones o daños ocasionados por sus propietarios.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la facultad que tendría el Estado para expropiar bienes culturales cuando sus propietarios no puedan garantizar su adecuada conservación.
El procedimiento establece que la expropiación solo podrá ejecutarse mediante un decreto, acompañado del pago correspondiente al propietario, calculado a partir de una tasación oficial del inmueble o bien patrimonial.
Esta disposición busca evitar que inmuebles o piezas de alto valor histórico continúen deteriorándose por falta de mantenimiento. Al mismo tiempo, plantea un debate sobre el equilibrio entre la protección del patrimonio nacional y el respeto al derecho de propiedad, un aspecto que probablemente será uno de los puntos más discutidos cuando la iniciativa llegue a la Cámara de Diputados.
El proyecto aún debe completar el proceso legislativo
El senador Santiago Zorrilla, representante de la provincia El Seibo, argumentó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la protección del patrimonio cultural, al considerar que este enfrenta amenazas derivadas de los cambios sociales y económicos que pueden provocar la pérdida de elementos fundamentales de la historia nacional.
Según explicó, el objetivo es garantizar que las presentes y futuras generaciones puedan conocer y preservar la riqueza histórica y cultural de la República Dominicana mediante una legislación más efectiva.
El proyecto fue una de las últimas iniciativas aprobadas por el Senado antes del cierre de la legislatura ordinaria del 26 de julio. A partir del 16 de agosto, la Cámara de Diputados deberá conocer la propuesta en dos lecturas. Si recibe el visto bueno, pasará al despacho del presidente Luis Abinader, quien tendrá la decisión final de promulgarla o devolverla con observaciones.
Por: Noticonexion
