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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión de 11 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas vinculadas con 10 senadores, como parte de la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de este año.
La medida, adoptada el pasado 19 de junio, responde a las nuevas disposiciones legales que establecen un régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados, impidiéndoles mantener vínculos empresariales que les permitan contratar con el Estado mientras ejerzan sus cargos.
La decisión marca un cambio importante en la política de compras públicas del país. Aunque la DGCP insiste en que no se trata de una sanción, el endurecimiento de las reglas busca fortalecer la transparencia y reducir cualquier posibilidad de conflicto de intereses en el manejo de los recursos públicos.
La Ley 47-25 endurece las incompatibilidades para los funcionarios
La DGCP explicó que la nueva legislación eliminó la flexibilidad que contemplaba la antigua Ley 340-06, la cual permitía a funcionarios de primer y segundo nivel mantener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas proveedoras del Estado.
Ahora, el artículo 38 de la Ley 47-25 prohíbe cualquier participación societaria, sin importar el porcentaje de acciones, además de impedir que los funcionarios ocupen cargos de dirección, gerencia o formen parte de consejos de administración en empresas que puedan contratar con instituciones públicas.
Asimismo, la disposición complementa el régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 41-08 de Función Pública, cuyo artículo 77 prohíbe a los servidores públicos ejercer actividades remuneradas que comprometan la imparcialidad de sus funciones. La única excepción permitida continúa siendo la docencia y la investigación académica, siempre que no interfieran con el horario laboral en el Estado.
Empresas suspendidas y senadores afectados
Las empresas cuyos Registros de Proveedores del Estado fueron suspendidos corresponden a Instituto de Medicina Popular, Combustibles Alternativos, Centro de Instituciones Médicas, Unión Telecard Dominicana, Gespro, Unión Médica del Norte, Comercial La Sidra, Constructora 059041 SRL, TurinordTV y Asetran.
Los senadores alcanzados por la medida son Moisés Ayala Pérez (Barahona), Santiago José Zorrilla Sena (El Seibo), Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña), Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), Ginnette Altagracia Bournigal (Puerto Plata), Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal), Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes (Santiago), Bernardo Alemán (Montecristi), Casimiro Antonio Marte Familia (Santiago Rodríguez), quien posee dos registros suspendidos, y Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez).
La institución aclaró que estas suspensiones tienen carácter preventivo y administrativo, por lo que no constituyen una sanción disciplinaria contra los legisladores ni contra las empresas involucradas.
La DGCP afirma que las verificaciones son rutinarias y continuarán
Mediante un comunicado, la Dirección General de Contrataciones Públicas recordó que el 13 de febrero de 2026 emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, concediendo un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos dentro de las nuevas causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros.
Al concluir ese período, la entidad procedió a realizar las suspensiones de oficio, conforme al Reglamento de Aplicación 52-26, tras ejecutar cruces de información y procesos de verificación que forman parte de sus labores habituales para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
La DGCP reveló que, solo en lo que va de 2026, ha suspendido 81 registros de funcionarios electos y designados bajo la nueva legislación. Además, recordó que entre 2020 y 2025 fueron suspendidos 591 registros de funcionarios y autoridades municipales conforme a la normativa anterior.
La aplicación de estas medidas refleja una mayor exigencia en materia de transparencia y cumplimiento legal. El desafío ahora será mantener criterios uniformes para todos los servidores públicos y garantizar que las normas se apliquen sin excepciones, fortaleciendo así la confianza en el sistema de contrataciones del Estado.
Por: Noticonexion
