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El Ministerio Público solicitó la noche del sábado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 25 de las 28 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones relacionadas con el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los arrestos fueron ejecutados el viernes 18 de septiembre mediante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. De acuerdo con las autoridades, la investigación se concentra en presuntas maniobras fraudulentas que habrían provocado un perjuicio preliminar superior a los RD$40 millones en esta línea específica del expediente.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, mientras se espera que el tribunal determine la fecha para conocer la audiencia de medida de coerción.
Estos son los 25 detenidos contra quienes se solicitó prisión preventiva
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público incluyó además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.
Completan la lista Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La investigación, según la acusación preliminar, apunta particularmente a médicos y otros prestadores de servicios de salud. Una orden judicial citada por medios locales señala que se habrían generado más de 4,300 autorizaciones médicas irregulares, por un monto aproximado de RD$41 millones, mediante servicios que, según el órgano acusador, no habrían sido solicitados o recibidos por los afiliados.
Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo
Los fiscales también solicitaron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y personas potencialmente vinculadas, además de elementos que el órgano acusador relaciona con delincuencia organizada.
La solicitud fue encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a otros fiscales que participaron en la investigación.
Ortiz explicó que esta nueva operación representa una tercera línea de investigación relacionada con recursos que, según el Ministerio Público, fueron sustraídos de SeNaSa. Ahora corresponde al tribunal conocer los planteamientos de las partes y decidir sobre las medidas cautelares solicitadas.
El despliegue operativo involucró a 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y documentos considerados de interés para la investigación.
El dato de los 28 arrestados y la solicitud de prisión preventiva para 25 personas muestra que la nueva fase del expediente continúa ampliándose. Sin embargo, las acusaciones deberán ser discutidas ante los tribunales y los imputados conservan las garantías procesales correspondientes mientras el proceso judicial avanza.
El expediente SeNaSa continúa ampliándose con nuevas líneas de investigación
La Operación Cobra 2.0-A se suma a la primera etapa del caso, en la que el Ministerio Público procesó a antiguos funcionarios y otras personas señaladas por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con SeNaSa.
Entre los principales imputados de esa primera fase figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, además de Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, entre otros.
La investigación también ha incorporado otras operaciones. En junio fue puesta en marcha la Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes beneficiarios de servicios vinculados a SeNaSa.
En términos generales, el expediente presentado por el órgano acusador contempla alegaciones relacionadas con coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Estas imputaciones forman parte de la teoría del caso del Ministerio Público y deberán ser sometidas al escrutinio judicial correspondiente.
La nueva solicitud de coerción coloca nuevamente al SeNaSa en el centro de un proceso judicial de gran alcance, mientras las autoridades continúan siguiendo el rastro de los recursos públicos y de las personas que, según la investigación, pudieron intervenir en las operaciones bajo análisis.
Por: Noticonexion
