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El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 25 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con el órgano acusador, esta línea de investigación ha identificado una presunta sustracción de recursos que supera los RD$40 millones. Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La dimensión de la nueva fase del expediente refleja que las autoridades continúan ampliando el alcance de las pesquisas, mientras será el tribunal el encargado de conocer los argumentos del Ministerio Público y de las defensas antes de decidir sobre las medidas solicitadas.
25 imputados incluyen médicos, exempleados y personas vinculadas al sector salud
En la solicitud, contenida en un documento de aproximadamente 525 páginas, figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También fueron incluidos los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La lista continúa con Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Según explicó Mirna Ortiz, entre los 25 imputados hay médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y otras personas que el Ministerio Público señala como presuntamente involucradas en las operaciones bajo investigación.
La acusación presentada por el órgano persecutor sostiene que los fondos involucrados pertenecen al patrimonio público, debido a que SeNaSa es una administradora de riesgos de salud estatal.
Ministerio Público pide declarar complejo el proceso
Los fiscales solicitaron que el caso sea declarado de tramitación compleja, argumentando la existencia de una pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de elementos que, según el Ministerio Público, podrían corresponder a un esquema de delincuencia organizada.
Ortiz explicó que la investigación Cobra había identificado diferentes líneas y modalidades mediante las cuales, según la acusación, se habrían desviado recursos de SeNaSa.
La procuradora calificó esta fase como la tercera operación relacionada con fondos que, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido sustraídos de la ARS estatal.
La solicitud fue depositada por Ortiz junto al procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
Para ejecutar la Operación Cobra 2.0-A, las autoridades realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El expediente SeNaSa continúa con nuevas líneas de investigación
La nueva fase se suma al proceso iniciado anteriormente mediante la Operación Cobra, en la que el Ministerio Público presentó acusaciones contra varias personas, entre ellas Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, además de otros exfuncionarios y relacionados.
El órgano acusador sostiene que durante sus investigaciones ha recopilado evidencias que apuntan a presuntos actos de soborno, adulteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico, entre otras actuaciones que forman parte de su teoría del caso. Estas afirmaciones corresponden a la posición del Ministerio Público y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
El expediente también incluye otras líneas de investigación, entre ellas la denominada Operación Onco14, relacionada con presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes y a SeNaSa.
En esta etapa, el Ministerio Público ha indicado que las investigaciones podrían continuar ampliándose y que, por el momento, las personas señaladas en la nueva solicitud son personas físicas.
El próximo paso será que el tribunal fije la audiencia de medida de coerción, donde serán conocidos los planteamientos del Ministerio Público y de las defensas. Hasta entonces, las imputaciones forman parte de una investigación y deberán ser sometidas al debido proceso y a la valoración judicial correspondiente.
Por: Noticonexion
