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El Ministerio Público señala a unas 25 personas, en su mayoría médicos y profesionales vinculados al sector salud, como integrantes de una presunta estructura que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según las investigaciones, no habrían sido realizados.
Los señalamientos forman parte del caso Senasa 2.0-A, contenido en una solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). De acuerdo con el expediente, la supuesta estructura habría utilizado información de afiliados, alterado registros médicos, falsificado firmas y gestionado autorizaciones mediante llamadas al centro de atención de SeNaSa utilizando identidades falsas.
El expediente, de 525 páginas, describe diferentes mecanismos que presuntamente permitieron presentar reclamaciones por consultas, procedimientos ambulatorios y cirugías que los afiliados posteriormente aseguraron no reconocer.
El caso deberá continuar su curso en los tribunales, donde corresponderá determinar la responsabilidad individual de cada imputado conforme a las pruebas presentadas y al debido proceso.
¿Cómo habría operado la presunta estructura investigada por la PEPCA?
Según la solicitud de medida de coerción, uno de los mecanismos utilizados consistía en obtener datos de afiliados con bajo nivel de utilización del seguro para posteriormente elaborar expedientes clínicos y reclamaciones médicas con servicios que los beneficiarios no reconocían.
La investigación también describe llamadas al Call Center de SeNaSa para solicitar autorizaciones de procedimientos médicos utilizando nombres o identidades ficticias. Entre las identidades mencionadas en el expediente aparecen “Pedro Martínez” y referencias como “Info. Ángel Beltré”.
De acuerdo con la acusación, algunos formularios habrían sido completados con información de los afiliados y posteriormente firmados en sus nombres sin su conocimiento. Las auditorías citadas por el Ministerio Público también identificaron coincidencias en tipografías, firmas, expedientes incompletos, reclamaciones extemporáneas y aumentos atípicos en determinados niveles de facturación.
Entre los movimientos financieros señalados en el expediente aparecen transferencias entre médicos, empleados y otras personas vinculadas a la investigación. El Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos habría correspondido a una distribución de beneficios derivados de las operaciones investigadas.
Uno de los aspectos que llama la atención en el expediente es la cantidad de afiliados que, al ser contactados por las autoridades, habrían manifestado no reconocer consultas o procedimientos registrados en sus historiales. En algunos casos, los beneficiarios también habrían declarado que no conocían al médico que figuraba como prestador.
Principales personas señaladas y hallazgos descritos en el expediente
Entre las personas mencionadas por la PEPCA figura Angeury Guzmán Vásquez, señalado en el documento como vinculado a las gestiones realizadas mediante el Call Center y al manejo de información de afiliados. El expediente sostiene que desde determinados números telefónicos se habrían solicitado autorizaciones que posteriormente no eran reconocidas por los beneficiarios.
También aparece Heidy Coronado Paulino, quien se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa. Según la acusación, habría participado en mecanismos relacionados con reclamaciones y utilizado información correspondiente a otros prestadores.
Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, antiguo supervisor de servicios a usuarios de SeNaSa, es señalado por el Ministerio Público por movimientos financieros recibidos de otras personas investigadas.
Entre los médicos mencionados se encuentra Einstein Rafael Borromé Valdez, a quien el expediente atribuye la elaboración de expedientes clínicos que los fiscales consideran ficticios. También figura Juan Henry Poueriet, respecto de quien se describen reclamaciones y expedientes médicos que algunos afiliados habrían negado haber recibido.
El documento incluye además a Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández y Carlos Job Ynoa Olivero, entre otros profesionales.
En el caso de Edwin Alberto Batista Cruz, la investigación describe un incremento significativo en los montos autorizados y procedimientos que, según los fiscales, generaron alertas durante las auditorías. El expediente también menciona transferencias bancarias hacia personas investigadas.
Respecto a José Luís Díaz Hernández, la acusación incluye señalamientos relacionados con procedimientos ortopédicos que determinados afiliados habrían negado haber recibido, además de informes periciales sobre presuntas falsificaciones de firmas.
En cuanto a Carlos Job Ynoa Olivero, el Ministerio Público sostiene que habría participado en la elaboración y presentación de reclamaciones médicas que los afiliados no reconocían. Uno de los hallazgos citados en la auditoría fue la aparición de consultas de ginecología correspondientes a afiliados masculinos.
El expediente también menciona a Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los señalamientos varían según cada persona, pero el expediente hace referencia a presuntas reclamaciones por servicios no reconocidos, utilización de datos de afiliados, firmas cuestionadas, incrementos inusuales de facturación y movimientos financieros que el Ministerio Público considera relevantes para sustentar su teoría del caso.
Millones de pesos y una investigación que deberá ser definida en los tribunales
Uno de los elementos centrales de la investigación es el componente financiero. El Ministerio Público presenta en el expediente diferentes análisis bancarios y registros de facturación con los que procura establecer cómo se habrían movilizado los recursos derivados de las reclamaciones investigadas.
Por ejemplo, el documento señala movimientos bancarios de Angeury Guzmán Vásquez por más de RD$4.3 millones entre 2020 y 2025, mientras que sus ingresos salariales registrados durante 2019-2025 ascendían a aproximadamente RD$1.45 millones. La Fiscalía utiliza esta diferencia como uno de los elementos de su investigación financiera.
En otro caso, el expediente atribuye a Wander Manuel Díaz Encarnación haber recibido RD$5,146,176.33 durante 2024 por servicios que, según los hallazgos de la investigación, no habrían sido efectivamente prestados.
También se describen transferencias de diferentes profesionales hacia Ángel Luís Guzmán Vásquez, a quien el Ministerio Público señala como uno de los principales articuladores de la estructura investigada.
El expediente atribuye a los imputados posibles infracciones relacionadas con falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, violaciones a la Ley de Seguridad Social, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Más allá de los señalamientos contenidos en la solicitud de medida de coerción, será el proceso judicial el que deberá establecer qué hechos pueden ser acreditados y cuál sería la responsabilidad individual de cada una de las personas investigadas. La presentación de una acusación o solicitud de coerción no equivale, por sí misma, a una declaración de culpabilidad.
Por: Noticonexion
