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El populismo penal, el uso excesivo de la prisión preventiva, el incremento de las penas y las políticas de “mano dura” fueron cuestionados por juristas nacionales e internacionales durante la segunda jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, donde los especialistas plantearon que estas medidas no garantizan por sí solas una reducción de la delincuencia.
Los expertos coincidieron en que la respuesta frente al crimen debe apoyarse en una mayor prevención, capacidad de investigación criminal, inteligencia y coordinación institucional, en lugar de convertir el encarcelamiento y el endurecimiento de las penas en las principales herramientas de la política criminal.
El jurista dominicano Francisco Álvarez sostuvo que las deficiencias institucionales han llevado a diferentes actores del sistema de justicia a adoptar respuestas extremas para intentar compensar problemas que no han podido ser solucionados de manera coordinada.
Álvarez cuestionó especialmente la utilización de la prisión preventiva como mecanismo recurrente dentro del sistema penal y señaló que, cuando las instituciones no funcionan de manera articulada, cada una puede terminar asumiendo por separado la responsabilidad de enfrentar la criminalidad.
El jurista también advirtió que el aumento de las penas no garantiza por sí mismo una disminución del delito. En ese sentido, planteó que el debate debería concentrarse en las capacidades reales de las instituciones para prevenir los delitos, identificar a los responsables y desarrollar investigaciones sólidas que puedan sostenerse ante los tribunales.
Juristas plantean fortalecer la inteligencia y la persecución penal
El jurista argentino Alberto Binder sostuvo que las nuevas modalidades de criminalidad requieren instituciones capaces de utilizar inteligencia, planificación y estrategias de investigación para enfrentar estructuras delictivas cada vez más complejas.
Binder planteó la necesidad de desarrollar una persecución penal estratégica, basada en el análisis de las organizaciones criminales y en una planificación que permita comprender cómo operan antes de adoptar determinadas medidas.
El especialista cuestionó las propuestas que presentan el incremento del poder punitivo como una solución inmediata a los problemas de seguridad ciudadana. Desde su perspectiva, las respuestas simplificadas pueden generar expectativas que posteriormente no se corresponden con la capacidad real del sistema para enfrentar el crimen.
En una línea similar, el catedrático español Manuel Cancio Meliá señaló que con frecuencia se atribuyen al derecho penal capacidades que no posee para resolver por sí solo fenómenos complejos de criminalidad.
Cancio Meliá sostuvo que elevar de manera considerable las penas para determinados delitos, incluso relacionados con el crimen organizado, no significa automáticamente que esas estructuras desaparezcan. El planteamiento pone el foco en la necesidad de combinar las herramientas penales con instituciones capaces de investigar y prevenir de manera efectiva.
Ambos especialistas también hicieron referencia al caso de El Salvador durante sus intervenciones para analizar los modelos de “mano dura” y sus implicaciones para las garantías jurídicas.
Prisión preventiva y garantías procesales bajo análisis
La jurista Emery Colomby Rodríguez consideró que existe un uso excesivo de la prisión preventiva, aunque sostuvo que el problema no necesariamente radica en que las medidas alternativas a la cárcel sean ineficaces.
A su juicio, uno de los desafíos consiste en desarrollar mecanismos que permitan verificar adecuadamente el cumplimiento de las medidas de coerción alternativas, de manera que el sistema pueda garantizar tanto la seguridad del proceso como el respeto de los derechos de las personas sometidas a investigación.
El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz también cuestionó la imposición de prisión preventiva sin una justificación individualizada. Según su planteamiento, una medida de esta naturaleza debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las garantías constitucionales y convencionales aplicables.
Otro de los temas abordados fue el denominado populismo penal mediático. Eto Cruz advirtió sobre el impacto que pueden tener la televisión y las redes sociales cuando generan procesos de exposición pública que pueden producir una especie de justicia paralela antes de que concluya el procedimiento judicial.
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats centró su intervención en el populismo penal y analizó la influencia que pueden ejercer distintos sectores sociales y mediáticos sobre las decisiones relacionadas con la persecución criminal y la prisión preventiva.
Las posiciones expresadas durante el congreso reflejan un debate más amplio sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana, la eficacia de la persecución del delito y las garantías fundamentales dentro de un Estado constitucional de derecho.
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional, está dedicado este año al debido proceso en materia penal y concluye este miércoles, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.
Por: Noticonexion
