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La jubilada madrileña Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar al apartamento del barrio del Retiro donde vivió durante unas siete décadas, después de que su representación legal alcanzara un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble. El caso había provocado protestas en distintas ciudades españolas y volvió a colocar el acceso a la vivienda en el centro del debate público.
Su abogada, Beatriz Duro, explicó que existió “buena voluntad por ambas partes” y que el nuevo alquiler será similar al que Abascal venía pagando. La mujer, que se desplaza en silla de ruedas, se encuentra hospitalizada por agotamiento y podrá regresar a su vivienda después de recibir el alta médica.
Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el alquiler del inmueble había aumentado un 275 %, hasta situarse en 2.650 euros mensuales. El acuerdo alcanzado con Urbagestión fue recibido con satisfacción por los colectivos que habían acompañado las movilizaciones, aunque algunos representantes expresaron críticas sobre las condiciones del pacto.
El caso terminó convirtiéndose en un símbolo de las dificultades que enfrentan numerosos hogares ante el aumento de los precios de la vivienda. Más allá del desenlace particular de Abascal, las movilizaciones han mantenido sobre la mesa la discusión sobre alquileres, desahucios y protección de los inquilinos.
El caso de Maricarmen Abascal impulsó nuevas protestas por la vivienda
El desalojo de Abascal provocó concentraciones y protestas en diferentes puntos de España. En Madrid, manifestantes instalaron alrededor de un centenar de tiendas de campaña en la Puerta del Sol, mientras organizaciones de inquilinos reclamaban nuevas medidas para afrontar el problema habitacional.
Entre las demandas planteadas durante las movilizaciones estuvo la aprobación de un denominado “Decreto Maricarmen”, con medidas dirigidas a reforzar la protección de los arrendatarios y evitar situaciones similares.
Las protestas también alcanzaron Barcelona, donde manifestantes se concentraron para reclamar al Gobierno central nuevas medidas en materia de vivienda.
La controversia refleja la existencia de distintas posiciones sobre cómo abordar el mercado inmobiliario. Los colectivos de inquilinos reclaman mayor protección y estabilidad contractual, mientras el debate institucional también incluye cuestiones relacionadas con la disponibilidad de viviendas y las condiciones del mercado.
Gobierno español aprueba medidas sobre desahucios y contratos de alquiler
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 29 de septiembre dos decretos-ley relacionados con la vivienda. Uno contempla la extensión de determinadas medidas de protección frente a los desahucios hasta 2030 y la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028, mientras que otro plantea la renovación automática de determinados contratos.
Las medidas todavía dependen de su tramitación parlamentaria. El Gobierno no dispone de mayoría suficiente por sí solo en el Congreso, por lo que su aprobación requiere respaldo de otros grupos políticos.
El contexto económico explica parte de la presión existente sobre el mercado. Según Idealista, el precio medio del alquiler en España se situó en 15,1 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, un 5,6 % más que un año antes, aunque registró una disminución trimestral del 0,4 %.
Los datos muestran que el problema de la vivienda continúa teniendo una dimensión nacional. El debate abarca desde la protección de quienes ya ocupan una vivienda en alquiler hasta la necesidad de aumentar la oferta y facilitar el acceso a nuevos arrendatarios.
El acuerdo permite el regreso de Abascal mientras continúa el debate
Para la familia y la representación legal de Maricarmen Abascal, el acuerdo alcanzado significa que la jubilada podrá volver al hogar en el que desarrolló gran parte de su vida.
El desenlace también ha dado un nuevo impulso al debate sobre las condiciones de los alquileres y los mecanismos de protección para personas en situaciones de vulnerabilidad.
Las organizaciones de inquilinos han anunciado que mantendrán sus demandas ante las autoridades, mientras el Gobierno enfrenta el proceso parlamentario de las nuevas medidas.
De esta manera, el caso de Abascal pasa de ser una disputa particular por una vivienda en Madrid a formar parte de una discusión más amplia sobre alquileres, desahucios, estabilidad residencial y acceso a la vivienda en España.
Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales indicadores del mercado. El informe más reciente de Idealista sitúa el alquiler nacional en 15,1 euros por metro cuadrado y señala que, aunque el crecimiento interanual continúa, durante el tercer trimestre de 2026 se produjo una reducción del 0,4 %.
Por: Noticonexion/efe/afp
