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Alrededor del 60 % de los hogares dominicanos, correspondientes a los tres primeros quintiles de ingresos, enfrenta serias dificultades económicas para acceder a una vivienda adecuada. La situación pone de manifiesto uno de los principales desafíos de la política habitacional en República Dominicana: garantizar que las familias de menores recursos puedan tener acceso a un techo digno, sin que las condiciones del mercado inmobiliario y el financiamiento hipotecario se conviertan en obstáculos insuperables.
Así lo reconoció Rafael Alejandro Morel, director del Viceministerio de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para evaluar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en el país durante los últimos cinco años.
El funcionario explicó que el costo de adquirir una vivienda supera la capacidad económica de una parte importante de la población, mientras que las condiciones del financiamiento hipotecario representan una de las principales barreras para las familias interesadas en comprar una propiedad.
Según los datos presentados por Morel, los hogares deben destinar entre el 30 % y el 33 % de sus ingresos para cubrir el costo de una vivienda. Sin embargo, los primeros tres quintiles de la población no cuentan con suficientes recursos para asumir ese compromiso.
Ante este panorama, señaló que uno de los principales retos del Mivhed consiste en reducir la brecha entre el costo de las viviendas y la capacidad de pago de las familias. Para ello, explicó que se han establecido alianzas con instituciones estatales vinculadas a la producción habitacional y al fortalecimiento de los ingresos familiares.
El financiamiento hipotecario, una de las principales barreras para adquirir vivienda
Aunque el precio de los terrenos y las limitaciones de la planificación territorial también inciden en el acceso a una vivienda digna, Morel identificó el financiamiento hipotecario como el factor de mayor impacto.
El funcionario sostuvo que existen barreras estructurales que impiden a numerosas familias acceder al crédito bancario y que, incluso cuando logran calificar, deben enfrentar condiciones de financiamiento costosas.
De acuerdo con sus declaraciones, en muchos casos el financiamiento puede representar más del 50 % del costo total de la vivienda. Esto provoca que las familias terminen pagando grandes cantidades de dinero en intereses durante la vigencia de sus préstamos.
Morel explicó que, bajo las condiciones actuales del mercado hipotecario, el monto acumulado de los intereses puede superar el valor original de la propiedad, lo que incrementa considerablemente la carga económica de los compradores.
A esta situación se suma que los requisitos establecidos por las entidades financieras dejan fuera a una parte importante de la población, especialmente a los hogares con ingresos bajos o informales.
Como ejemplo, recordó que durante el diseño del programa Mi Vivienda se seleccionó inicialmente un grupo de 500 potenciales beneficiarios, pero las dificultades para acceder al crédito impidieron avanzar según lo previsto.
Frente a estas limitaciones, el Mivhed trabaja en el diseño de Vivienda Solidaria, una iniciativa que busca ampliar las alternativas de financiamiento habitacional y reducir la dependencia de los mecanismos tradicionales de la banca.
La propuesta contempla impulsar modelos de vivienda cooperativa y utilizar fideicomisos para canalizar recursos hacia organizaciones sociales y cooperativas interesadas en desarrollar proyectos habitacionales.
Morel explicó que estos instrumentos permitirían que las cooperativas y organizaciones comunitarias accedan a financiamiento, incluso mediante inversionistas que aporten recursos a fondos destinados a la construcción de viviendas.
Asimismo, indicó que estos mecanismos podrían facilitar la participación de las propias comunidades en la definición de las soluciones habitacionales que necesitan.
El ministerio también desarrolla estudios y recibe asistencia técnica de organismos multilaterales para estructurar la iniciativa. Sin embargo, durante el encuentro no se precisaron la fecha de implementación del programa ni los recursos económicos que serían destinados a su ejecución.
El déficit habitacional supera la capacidad de respuesta de los programas sociales
La investigadora Jenny Torres, especialista en pobreza, género y políticas públicas, advirtió que la magnitud de las intervenciones gubernamentales continúa siendo insuficiente frente al déficit habitacional acumulado en República Dominicana.
Durante el panel, moderado por la periodista Indhira Suero, Torres cuestionó que, ante un déficit cuantitativo superior a las 300,000 viviendas, la respuesta estatal proyectada sea la construcción de entre 15,000 y 24,000 unidades en un período de seis años.
A su juicio, existe una diferencia considerable entre la dimensión del problema y la cantidad de soluciones habitacionales contempladas.
La investigadora también cuestionó que programas como Familia Feliz y Mi Vivienda estén dirigidos principalmente a familias con capacidad de endeudamiento, lo que limita las posibilidades de acceso para los hogares que enfrentan mayores niveles de pobreza.
Torres consideró que las iniciativas habitacionales existentes pueden beneficiar a determinados sectores, pero no representan una solución suficiente para las familias ubicadas en los primeros quintiles de ingresos.
Otro de los aspectos señalados fue la necesidad de superar una visión de la vivienda limitada a la construcción y entrega de edificaciones. Según explicó, una solución habitacional adecuada también debe garantizar acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo y medios de subsistencia.
Como ejemplo, mencionó los reasentamientos relacionados con la presa de Monte Grande, donde, según denunció, algunas familias que anteriormente dependían de actividades como la agricultura y la pesca enfrentan dificultades económicas después de su traslado.
Torres sostuvo que estos procesos deben contemplar no solamente la entrega de una vivienda, sino también las condiciones necesarias para que las familias puedan mantener sus actividades productivas y generar ingresos.
En el panel también participaron Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, y Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
El encuentro se celebró en el Hotel Catalonia, como parte del seminario nacional «Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas», organizado por Ciudad Alternativa.
La actividad se desarrolló en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, bajo el lema de este año: «Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos».
El seminario reunió a autoridades gubernamentales, académicos y especialistas para analizar la evolución de las políticas habitacionales, los resultados alcanzados y los desafíos que todavía enfrenta el país para garantizar el acceso a un hábitat digno.
La iniciativa se enmarca en el proyecto «Promoviendo una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y desde una perspectiva de producción social del hábitat, fase III», ejecutado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con el financiamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
Por: Noticonexion
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