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Abinader propone aumentar el déficit fiscal de 2026 en RD$85,393 millones y suspender temporalmente la regla de responsabilidad fiscal

El presidente Luis Abinader remitió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para modificar el Presupuesto General del Estado de 2026, en una iniciativa que contempla elevar el déficit fiscal, incrementar las partidas de varias instituciones públicas y suspender temporalmente una disposición de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La propuesta representa una segunda modificación al presupuesto durante el presente año, cuando faltan menos de dos meses para concluir el ejercicio fiscal. El objetivo del Poder Ejecutivo es obtener autorización legislativa para aumentar el déficit de RD$280,575 millones a RD$365,968 millones, lo que supone un incremento de RD$85,393 millones.

En términos financieros, esta variación implica que el Estado tendría que cubrir una mayor diferencia entre sus ingresos y gastos, en un contexto internacional que el Gobierno describe como complejo por el aumento de los precios del petróleo y otras presiones económicas.

El proyecto abre un nuevo debate sobre el manejo de las finanzas públicas, especialmente por la intención de flexibilizar temporalmente las reglas que limitan el crecimiento del gasto estatal. La discusión no se limita a una redistribución de recursos, sino que también involucra el alcance de los mecanismos establecidos para preservar la disciplina fiscal.

Gobierno busca suspender temporalmente la regla de responsabilidad fiscal

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la suspensión temporal del artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que establece límites al crecimiento del gasto primario del Gobierno.

Esta disposición establece que el crecimiento del gasto primario no debe superar la inflación promedio anual proyectada en más de tres puntos porcentuales. La regla busca garantizar una administración prudente, responsable y transparente de los recursos públicos.

Los gastos primarios incluyen la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como las transferencias de recursos a otras entidades del sector público y al sector privado.

De ser aprobada la iniciativa por el Congreso Nacional, la aplicación de este mandato quedaría suspendida hasta el 31 de diciembre de 2026. El Poder Ejecutivo justifica la medida por los efectos fiscales extraordinarios derivados de la situación internacional y por la necesidad de disponer de recursos adicionales para enfrentar sus consecuencias económicas.

Sin embargo, la propuesta también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la capacidad del Gobierno para responder a situaciones extraordinarias y la necesidad de mantener controles efectivos sobre el gasto público.

Durante el período de suspensión y el posterior retorno al cumplimiento de la disposición, el Ministerio de Hacienda y Economía deberá presentar un plan de corrección fiscal. Según el documento, este mecanismo procuraría garantizar que la relación entre la deuda interna y externa y el producto interno bruto no supere el 40% al cierre del ejercicio fiscal de 2035.

La discusión adquiere especial importancia porque las reglas de responsabilidad fiscal funcionan como instrumentos para limitar el crecimiento descontrolado del gasto y fortalecer la previsibilidad de las finanzas estatales. Por eso, cualquier modificación debe estar acompañada de explicaciones claras sobre su alcance, duración y consecuencias.

Aumentan los gastos mientras se modifican las proyecciones de ingresos

Las cifras incluidas en el proyecto muestran cambios en las estimaciones de ingresos y gastos del Gobierno. En comparación con la primera reformulación presupuestaria, promulgada el 27 de julio, los ingresos estimados disminuyeron en RD$31,293 millones, al pasar de RD$1,383,236.5 millones a RD$1,351,943.5 millones.

Pese a esa reducción respecto a la estimación anterior, el Poder Ejecutivo sostiene que los ingresos totales al cierre de 2026 alcanzarían RD$1,351,943.5 millones, equivalentes al 15.5 % del PIB. Esa proyección supera en RD$9,685.3 millones los ingresos contemplados en el presupuesto original aprobado para el año.

En cuanto a los gastos consolidados, el proyecto contempla un aumento de RD$54,100 millones, pasando de RD$1,663,811.7 millones a RD$1,717,911.7 millones.

El Gobierno argumenta que estos incrementos no provocarían presiones adicionales sobre el endeudamiento, debido a que más del 60 % de su financiamiento procedería de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, recursos que no implicarían un aumento de la deuda del Sector Público No Financiero.

En ese sentido, el documento proyecta que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) cerraría 2026 en un 46.6 % del PIB.

Estas estimaciones serán un elemento importante durante el análisis legislativo, debido a que el aumento del gasto y la reducción de los ingresos proyectados frente a la reformulación anterior obligan a examinar con detenimiento las fuentes de financiamiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Más allá de las explicaciones del Gobierno, la ciudadanía tiene interés en conocer cómo se utilizarán los recursos adicionales, cuáles necesidades serán atendidas y qué mecanismos garantizarán que el incremento presupuestario se traduzca en resultados concretos para la población.

Tesoro Nacional y varios ministerios recibirían mayores asignaciones

La propuesta presupuestaria contempla incrementos en las partidas de distintas instituciones gubernamentales. Entre las asignaciones más importantes figura el Tesoro Nacional, que recibiría RD$44,000 millones adicionales.

También se contemplan aumentos para los siguientes organismos:

  • Ministerio de Interior y Policía: RD$500 millones.
  • Ministerio de Educación (Minerd): RD$3,600 millones.
  • Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): RD$5,000 millones.
  • Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes: RD$1,000 millones.
  • Ministerio de la Presidencia: RD$5,300 millones.
  • Ministerio de Deportes y Recreación: RD$900 millones.
  • Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt): RD$1,200 millones.

Para financiar parte de estas modificaciones, el Gobierno plantea reducir asignaciones correspondientes a los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Minas, y Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

Asimismo, contempla un recorte de RD$4,300 millones en recursos destinados a la administración de la deuda pública y activos financieros.

La distribución propuesta refleja las prioridades presupuestarias que el Poder Ejecutivo busca establecer para el cierre del año. No obstante, será necesario evaluar los efectos que tendrán los aumentos y las reducciones sobre los programas y servicios de cada institución.

El proyecto fue enviado a una comisión especial de la Cámara de Diputados, luego de que los legisladores aprobaran el martes remitirlo para su estudio. La comisión deberá presentar sus conclusiones el próximo jueves.

El análisis legislativo será determinante para establecer si las modificaciones planteadas cuentan con suficiente justificación financiera y si las medidas de flexibilización fiscal incluyen garantías adecuadas para evitar desequilibrios futuros.

En definitiva, la nueva reformulación presupuestaria coloca sobre la mesa tres asuntos fundamentales: el aumento del déficit fiscal, la flexibilización temporal de los límites al gasto y la redistribución de los recursos públicos. Su aprobación y aplicación deberán ser observadas de cerca, pues sus efectos no solo comprometen las cuentas del Estado durante 2026, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.

Por: Noticonexion

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