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Operación técnica bajo acuerdos bilaterales vigentes
La reciente autorización para que aeronaves estadounidenses operen temporalmente desde dos aeropuertos dominicanos —anunciada el miércoles por el Gobierno— forma parte de un esquema limitado, estrictamente técnico y amparado en el marco jurídico bilateral derivado del Acuerdo Antidrogas de 1995 y su Protocolo ampliatorio de 2003. La operación, que se extenderá hasta abril del próximo año, se centra exclusivamente en labores logísticas y de apoyo para misiones regionales de interdicción contra el narcotráfico.
Fuentes oficiales precisaron que la presencia aérea incluye únicamente aviones cisterna y aeronaves de transporte militar, necesarios para reabastecimiento y movilidad logística. No participan naves de combate ni existen autorizaciones para acciones bélicas, lo cual —según un funcionario consultado— “reafirma que se trata de una cooperación técnica, no de una expansión militar encubierta”. Este comentario refleja la preocupación pública que surgió tras el anuncio, pero ayuda a clarificar el carácter real y limitado del acuerdo.
La cooperación está definida como no combatiente, conforme al Protocolo de 2003, cuyo párrafo 19 ter.d autoriza el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves estadounidenses con fines de reabastecimiento y logística.
Control dominicano y límites operativos claros
El personal estadounidense que estará estacionado en el país será exclusivamente técnico: tripulaciones, mecánicos, operadores de apoyo y personal de seguridad aeronáutica. No habrá tropas de combate ni unidades operativas desplegadas. La República Dominicana mantiene control pleno sobre su territorio, el espacio aéreo y las instalaciones aeroportuarias, y los movimientos autorizados deberán ajustarse a los artículos 8 bis y 8 ter, que regulan el uso del espacio aéreo para operaciones no armadas.
La autorización anunciada es resultado de negociaciones diplomáticas prolongadas, en las que la parte dominicana insistió en salvaguardar tres puntos centrales:
- respeto a la Constitución y las leyes nacionales,
- apego estricto al marco fijado por los acuerdos de 1995 y 2003,
- protección del interés nacional frente a un entorno regional más inestable.
Ese nivel de detalle explica la precisión incluida en los protocolos de notificación y los límites operativos. Los acuerdos bilaterales también establecen que toda operación debe realizarse con notificación previa, bajo las normas dominicanas de aviación y sin realizar acciones que pongan en riesgo vidas o impliquen acciones ofensivas desde territorio nacional.
Cooperación transitoria y centrada en la lucha antidrogas
El Gobierno subrayó que esta cooperación se enmarca exclusivamente en la lucha regional contra el narcotráfico y no modifica la política exterior dominicana ni implica participación en conflictos internacionales. La presencia de aeronaves y personal estadounidense responde a un esquema transitorio, limitado y basado en reglas ya pactadas, activado ante la creciente reorganización de rutas ilícitas en el Caribe.
La operación, vigente hasta abril, será supervisada por las autoridades dominicanas, que mantendrán control sobre los permisos, los movimientos y la ejecución de cada fase. De acuerdo con una fuente oficial, “la cooperación se da dentro del marco legal dominicano, sin excepciones y sin zonas grises”, una afirmación que busca dejar claro que la soberanía nacional no se ve comprometida.
Palabras clave destacadas: aeronaves estadounidenses, marco jurídico bilateral, Acuerdo de 1995, Protocolo de 2003, operación técnica, lucha antidrogas, no combatiente, control dominicano, cooperación transitoria, logística militar, interés nacional.
Por: Noticonexion
