La lucha silenciosa por una pensión digna
Aquilino Ciprián de la Cruz, primer teniente retirado de la Policía Nacional, asegura que la pensión de 11 mil pesos mensuales que recibe del Estado no le alcanza ni para cubrir su comida diaria, mucho menos para comprar los medicamentos que necesitan él y su esposa. A sus 86 años, mantiene una lucha persistente para que se actualicen las pensiones de quienes, como él, dedicaron décadas de servicio y hoy sobreviven con montos que, en sus palabras, “son una condena anticipada”.
El problema no es nuevo. Aunque existen las leyes 96-04 y 590-16, ninguna estableció la obligación de ajustar los ingresos más bajos, dejando las pensiones sujetas únicamente a la voluntad del presidente de turno. El último aumento, un 10 % dispuesto por el mandatario Luis Abinader, representó apenas 1,000 pesos adicionales, algo que muchos consideran una burla.
“No tenemos ni para cocinar una vez al día”, lamenta Ciprián, mostrando la crudeza del día a día que viven cientos de retirados.
Este panorama provoca una mezcla de indignación y resignación entre los veteranos de la institución, y aquí es donde surge un comentario inevitable: resulta difícil entender cómo un país que exige tanto a sus policías durante su vida útil puede ofrecerles tan poco cuando más lo necesitan.
Leyes desactualizadas y promesas por cumplir
Las autoridades reconocen el problema. El director policial, Ramón Antonio Guzmán Peralta, admite que “la ley lo establece así” y asegura que no pueden hacer ajustes sin una base legal. Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirma que la reforma a la Ley 590-16 contempla cambios para garantizar una pensión digna y crear un sistema único que evite los vacíos actuales.
Mientras tanto, la desigualdad dentro del sistema es evidente. Los coroneles y generales retirados han recibido aumentos significativos mediante el Decreto 652-22, que elevó a 100 mil pesos la pensión de 56 generales y a 75 mil pesos la de 195 coroneles. La Ley 96-04 incluso establece que los exjefes y exgenerales deben recibir montos equivalentes a los de sus pares activos.
Sin embargo, al comparar estas cifras con la realidad de los rangos más bajos, la brecha se vuelve abismal. Un primer teniente retirado como Ciprián gana menos que un raso activo, una situación que muchos describen como una distorsión profunda del sistema.
El sistema de influencias que perpetúa la desigualdad
Los exagentes describen un sistema de pensiones desigual y manipulado, donde quienes tienen conexiones con figuras influyentes logran conseguir “especialismos” para jubilarse con ingresos privilegiados. Esto ha generado un abanico de montos tan amplio que incluso hay pensionados de bajo rango que ganan más que superiores.
El exgeneral y activista Damián Arias denuncia que existe “un monto rígido para los hijos de Machepa y otro para los favorecidos”. Un ejemplo reciente que circula entre los retirados es el caso de un raso que, por influencias, terminó pensionado con 125 mil pesos, una cifra impensable para la mayoría.
Arias propone un aumento escalonado que tome en cuenta el rango, el tiempo de servicio y las funciones desempeñadas, para evitar que quienes nunca ocuparon cargos de poder queden condenados a la miseria. “Ahí abajo está el sector que menos salario ha devengado y que jamás tuvo oportunidad de acumular fortuna”, lamenta.
Este drama silencioso —donde miles de policías retirados sobreviven con pensiones que no corresponden ni a sus años de servicio ni al costo de la vida— sigue esperando una solución real. Y mientras las reformas se discuten, los más afectados continúan viviendo con la esperanza de que, algún día, la pensión digna que se les prometió deje de ser una promesa y se convierta en justicia.
Por: Noticonexion