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Defensas apelan prisión preventiva en el Caso SeNaSa
La defensa de los imputados en el presunto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) depositó formalmente recursos de apelación contra la decisión que impuso 18 meses de prisión preventiva a los principales señalados del expediente. La acción legal busca revertir la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el proceso como caso complejo.
Los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, entre otros representantes legales, interpusieron los recursos por separado, alegando su desacuerdo con la medida adoptada por el tribunal y cuestionando la proporcionalidad de la coerción impuesta.
Próximo paso en la Corte de Apelación
Tras el depósito de los recursos, el expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encabezada por el magistrado Julio César Canó Alfau, quien tendrá a su cargo la designación de la sala penal que conocerá y decidirá sobre las apelaciones presentadas.
Entre los imputados enviados a prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y la cárcel de Najayo figuran Santiago Hazim, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, todos señalados como piezas clave del presunto esquema de corrupción.
Acusaciones, querellantes e investigaciones abiertas
El tribunal también fue apoderado de un recurso de apelación presentado por la parte querellante, representada por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen medidas menos gravosas como arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
De acuerdo con el Ministerio Público, el esquema delictivo habría operado durante varios años, provocando un desfalco multimillonario al sistema público de riesgos de salud. Las acusaciones incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, lavado de activos, sobornos y falsificación de documentos. El órgano acusador reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que podrían producirse nuevos sometimientos conforme avancen las indagatorias.
Por: Noticonexion
