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La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios estableció el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) como un mecanismo para que la ciudadanía intervenga de manera directa en la discusión, elaboración y seguimiento del uso de los recursos públicos en sus demarcaciones. Sin embargo, a casi dos décadas de su implementación, la realidad muestra un incumplimiento generalizado: solo el 8 % de las alcaldías del país aplicó de forma efectiva esta herramienta de gestión democrática.
De los 158 municipios de la República Dominicana, apenas 13 gobiernos locales agotaron íntegramente el ciclo del PPM durante el período 2025, logrando un 100 % de cumplimiento en los indicadores de preparación, participación social, asignación de fondos y rendición de cuentas. Este bajo desempeño deja en evidencia una brecha significativa entre lo que establece la ley y la práctica real de la mayoría de los ayuntamientos.
Alcaldías con cumplimiento total y grandes ausencias
Ni las alcaldías del Gran Santo Domingo ni la de Santiago lograron cumplir a cabalidad con todos los indicadores del Presupuesto Participativo. De hecho, Pedro Brand figura como la peor evaluada, según los datos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública aplicado a los Gobiernos Locales (Sismap Municipal), lo que refuerza la percepción de que los municipios más poblados no siempre lideran en transparencia y participación ciudadana.
Las únicas demarcaciones cuyas alcaldías presentaron evidencias completas y validadas del PPM fueron Bánica, Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní, Villa González, Los Ríos, Jamao al Norte, Sánchez, El Cercado, San Francisco de Macorís, Partido y Cayetano Germosén, garantizando así la transparencia y correcta ejecución del proceso.
La Liga Municipal Dominicana (LMD) explicó, en respuesta a una solicitud de Diario Libre, que además de cumplir con la herramienta, los municipios de Bánica, Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní y Los Ríos han dado continuidad sostenida al Presupuesto Participativo, cubriendo todos los trimestres e incorporando un enfoque de género y de grupos vulnerables, un aspecto clave que suele quedar rezagado en muchos ayuntamientos.
Baja puntuación y debilidades estructurales
Más de 100 alcaldías registran un bajo nivel de cumplimiento en varios indicadores del Sismap Municipal, incluyendo el 7.01 (etapas de participación social), 7.02 (asignación de fondos y mecanismos de seguimiento) y 7.03 (rendición de cuentas), con puntuaciones iguales o inferiores al 60 %.
Entre los peores evaluados se encuentran los ayuntamientos de Fundación (14.1 %), Las Charcas (18 %), Sabana de la Mar y Salinas (20.4 %). Para la Liga Municipal, estos resultados reflejan fallas profundas en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento, lo que debilita la confianza ciudadana y vacía de contenido una herramienta diseñada precisamente para fortalecer la democracia local.
Aunque el incumplimiento del Presupuesto Participativo no conlleva consecuencias penales directas, una fuente del área municipal explicó que sí puede generar sanciones indirectas, como observaciones de la Cámara de Cuentas e informes negativos de gestión. La Ley 176-07 y su modificación mediante la Ley 75-25 no tipifican el no ejecutar el PPM como delito, pero el comité de seguimiento y control municipal puede activar mecanismos de fiscalización institucional cuando se aprueban obras que luego no se ejecutan sin justificación.
Lo que demanda la ciudadanía
El Presupuesto Participativo Municipal tiene como objetivo central la intervención comunitaria, especialmente en la asignación del 40 % de las transferencias que reciben los municipios del presupuesto nacional, fondos destinados exclusivamente a gastos de capital.
Las principales demandas de las comunidades incluyen el arreglo y pavimentación de calles, la construcción de aceras y contenes, el mejoramiento de callejones y tramos rurales, así como soluciones de drenaje pluvial en zonas vulnerables a inundaciones. A estas se suman los centros comunales, parques, áreas recreativas, iluminación pública, señalización vial, remozamiento de infraestructuras públicas y obras dirigidas a grupos vulnerables.
El contraste entre lo que la gente solicita y lo que muchas alcaldías ejecutan revela un problema de fondo: mientras la ciudadanía sigue apostando por el Presupuesto Participativo como vía de solución a necesidades básicas, gran parte de los gobiernos locales continúa tratándolo como un requisito formal, y no como una herramienta real de transformación social.
Por: Noticonexion
