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La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación interpuesta por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, por lo que deberán continuar cumpliendo prisión preventiva.
La decisión mantiene la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, impuesta por su supuesta participación en un fraude contra la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos, uno de los casos de mayor impacto económico en el sistema público de salud del país.
Tribunal ratifica la prisión preventiva
En su fallo, el tribunal estableció que no han variado las circunstancias que dieron origen a la medida impuesta inicialmente por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados”, señala la sentencia, leída a las 12:23 de la madrugada al concluir la audiencia.
La sala estuvo presidida por la magistrada Isis Muñoz e integrada por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes consideraron que persisten los elementos que justifican la medida, entre ellos la gravedad de los hechos imputados y el daño ocasionado al Estado.
Riesgo de fuga y daño al Estado
Al analizar el peligro de fuga, la corte explicó que el juez no debe limitarse únicamente al arraigo personal de los imputados, sino ponderar factores como la pena aplicable, la magnitud del perjuicio económico y el principio de igualdad ante la ley.
En ese contexto, el tribunal confirmó de manera íntegra la resolución que mantiene la prisión preventiva como medida de coerción, al entender que sigue siendo proporcional y necesaria para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
Este criterio refuerza la postura del Ministerio Público, que ha insistido en que la complejidad del caso y el volumen de recursos presuntamente desviados justifican una medida más severa.
Cuestionamientos a la administración de justicia
A su salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como “contrario a los intereses de la administración de justicia”, al mantenerse medidas menos gravosas contra los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes continúan bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El jurista sostuvo que la decisión favorece la impunidad, al considerar que tres empresarios habrían recibido de forma conjunta alrededor de 16,000 millones de pesos dentro del presunto entramado de corrupción.
“Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político”, expresó.
Hernández anunció que recurrirá el fallo ante la Suprema Corte de Justicia, al considerarlo inconstitucional y abusivo, argumentando que limita el derecho de la víctima a recurrir y a solicitar prisión preventiva contra quienes señala como los principales beneficiarios del proceso.
Según el Ministerio Público, la estructura habría operado entre 2020 y 2025, defraudando al Estado por más de 15,900 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud. Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos.
Además de Santiago Hazim, figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.
Por: Noticonexion
