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Jueza descarta responsabilidad penal de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emitió la noche de este viernes un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, tras determinar que las pruebas presentadas durante la fase preliminar no establecen una responsabilidad penal que justifique enviarlos a un juicio de fondo.
La decisión representa uno de los momentos más relevantes dentro del denominado Caso Calamar, un expediente que ha mantenido la atención pública debido a la magnitud de las acusaciones y a la cantidad de exfuncionarios y particulares involucrados. Con este fallo, el tribunal concluyó que los elementos aportados contra ambos exfuncionarios no alcanzan el estándar requerido para continuar el proceso judicial en su contra.
Donald Guerrero y otros imputados serán juzgados
A diferencia de Castillo y Peralta, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, al considerar que los señalamientos formulados por el Ministerio Público deben ser examinados en una etapa posterior del proceso.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
La decisión evidencia que el tribunal realizó una evaluación individualizada de cada imputado, separando aquellos casos en los que entendió que existen elementos suficientes para un debate judicial más amplio de aquellos donde las evidencias resultaron insuficientes. Este aspecto suele ser determinante en procesos complejos de presunta corrupción administrativa.
Otros favorecidos y defensa de los acusados
La jueza también favoreció con un auto de no ha lugar a Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, así como a Marcial Reyes y Rosa Arias, quienes no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano acusador.
Durante el proceso, las defensas de los principales imputados insistieron en la falta de pruebas que sustentaran las acusaciones. Los abogados de Gonzalo Castillo argumentaron que su cliente nunca participó en esquemas de corrupción ni en el desvío de fondos públicos, calificando el expediente como una teoría carente de sustento probatorio suficiente.
Por su parte, la representación legal de Donald Guerrero sostuvo que la acusación presenta debilidades importantes y cuestionó la validez de informes elaborados por la Contraloría General de la República, alegando posibles vicios procesales, prescripción de delitos y supuestas irregularidades en la obtención de evidencias.
En tanto, José Ramón Peralta defendió su inocencia ante el tribunal y afirmó que durante sus ocho años de servicio público mantuvo una gestión responsable y transparente de los recursos del Estado. Además, cuestionó los argumentos del Ministerio Público, señalando que no se presentó una sola prueba concreta que lo vinculara con los hechos investigados.
La resolución marca un nuevo capítulo en el Caso Calamar, que continuará su curso judicial para los imputados enviados a juicio, mientras que otros quedan fuera del proceso tras la evaluación realizada por el tribunal.
Por: Noticonexion
