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La República Dominicana enfrenta una realidad compleja en materia de violencia, donde convergen de manera simultánea las modalidades estructural, institucional, cultural y de hecho. Esta coexistencia ha debilitado el capital social y la cohesión social, afectando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Los datos del Latinobarómetro 2024 colocan al país en la posición más desfavorable entre 18 naciones evaluadas en cuanto a muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado, una cifra que reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos.
Una política cuestionada durante casi tres décadas
Desde finales de la década de los noventa, diversos sectores han denunciado que las denominadas «muertes en intercambios de disparos» o ejecuciones extrajudiciales terminaron convirtiéndose en una práctica recurrente dentro de la actuación policial. Con el paso de los años, incluso el lenguaje utilizado para describir estos hechos ha evolucionado hacia expresiones como «acciones legales», lo que para numerosos analistas representa un cambio semántico que no elimina las interrogantes sobre la legalidad de muchas intervenciones.
La premisa de eliminar físicamente a presuntos delincuentes como mecanismo para reducir la criminalidad ha sido ampliamente cuestionada por especialistas, quienes sostienen que la delincuencia también responde a factores económicos, sociales y educativos, como el desempleo, la desigualdad, la exclusión juvenil y la falta de oportunidades.
Más allá del combate al crimen, el desafío consiste en construir instituciones capaces de ejercer la autoridad dentro del marco de la ley. Una democracia sólida requiere que la fuerza pública actúe bajo controles estrictos, pues la confianza ciudadana no se obtiene mediante el temor, sino mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a la vida.
Las cifras reflejan una problemática persistente
De acuerdo con los datos citados en el análisis, desde 1997 hasta el 3 de julio de 2026 habrían fallecido 5,443 personas durante actuaciones policiales, de las cuales aproximadamente el 77 % fueron registradas como resultado de supuestos intercambios de disparos.
El desglose histórico presentado muestra que durante el primer mandato del expresidente Leonel Fernández (1996-2000) se contabilizaron 1,023 muertes; en el gobierno de Hipólito Mejía, 1,060; durante el segundo mandato de Fernández (2004-2008), 1,610; en su tercer período (2009-2012), 1,264; bajo la administración de Danilo Medina, 1,131; mientras que desde agosto de 2020 hasta el 3 de julio de 2026, durante el gobierno del presidente Luis Abinader, la cifra alcanzaría 978 fallecimientos.
Estas estadísticas han sido utilizadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos para insistir en la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación independiente y supervisión de las actuaciones policiales.
Las cifras, por sí solas, no ofrecen una explicación completa del fenómeno, pero sí constituyen un llamado de atención sobre la urgencia de revisar políticas públicas, procedimientos operativos y mecanismos de control que permitan reducir la violencia sin comprometer las garantías fundamentales de la población.
La reforma policial continúa siendo el gran desafío
En materia de reformas institucionales, el recorrido ha sido desigual. Durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández no se produjeron modificaciones estructurales de gran alcance en la Policía Nacional. Posteriormente, durante la gestión de Hipólito Mejía, fue aprobada la Ley 96-04, mientras que el gobierno de Danilo Medina impulsó la Ley 590-16, cuya implementación dependía de veinte reglamentos, aunque solo uno fue aprobado antes de concluir ese mandato.
La administración del presidente Luis Abinader ha desarrollado un proceso de transformación policial con apoyo de especialistas nacionales e internacionales. Entre sus iniciativas figura un nuevo proyecto legislativo que busca modernizar la institución, fortalecer la formación de los agentes y consolidar un modelo de policía comunitaria más cercano a la ciudadanía.
La consolidación de una reforma efectiva dependerá no solo de nuevas leyes, sino también de cambios culturales dentro de la institución, del fortalecimiento de los mecanismos disciplinarios y de una supervisión permanente que garantice que el ejercicio de la autoridad esté siempre subordinado al respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales. Solo así será posible reconstruir la confianza entre la sociedad y una institución llamada a proteger, y no a convertirse en motivo de temor.
Por: Noticonexion
