noticonexion.com
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por varios casos recientes que, a su juicio, evidencian serias deficiencias en el sistema de justicia penal de la República Dominicana y ponen en riesgo las garantías constitucionales de personas privadas de libertad.
En un comunicado, la entidad señaló que las informaciones difundidas en los últimos días reflejan situaciones que deben llamar la atención de las autoridades, debido a que involucran prolongadas detenciones y procesos judiciales que no han sido resueltos dentro de los plazos razonables establecidos por la ley.
Casos revelan fallas en el sistema de justicia
Entre los hechos citados por FINJUS figura el caso de un hombre que permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva, desde 2006 hasta 2026, sin recibir una sentencia definitiva. Su libertad fue obtenida únicamente tras la intervención de la Defensa Pública.
La organización también recordó el caso de 13 personas que permanecieron detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que concluyó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.
Para la entidad, estos episodios reflejan la lentitud de algunos procesos judiciales y la falta de seguimiento adecuado, permitiendo que personas permanezcan privadas de libertad durante largos períodos sin una respuesta definitiva de los tribunales.
La seguridad no puede justificar la violación de derechos
Aunque FINJUS reconoce que la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito y que las víctimas tienen derecho a obtener justicia, enfatiza que el ejercicio del poder del Estado debe respetar siempre los principios constitucionales.
La institución recordó que en un Estado social y democrático de derecho, el poder punitivo está limitado por la Constitución, el debido proceso, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana.
Asimismo, advirtió que estas situaciones no deben verse como hechos aislados, sino como síntomas de problemas estructurales dentro del sistema de justicia penal.
Entre las principales preocupaciones mencionó los prolongados períodos de privación de libertad sin decisiones judiciales oportunas, procesos que exceden los plazos razonables y el riesgo de que la prisión preventiva termine convirtiéndose, en la práctica, en una pena anticipada.
También precisó que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicas completamente distintas y, por tanto, no pueden recibir el mismo tratamiento legal.
FINJUS pide una respuesta urgente de las autoridades
La organización sostuvo que cualquier privación de libertad que supere los límites establecidos por la legislación debe ser revisada y corregida con urgencia por las autoridades competentes.
En ese sentido, recordó que la libertad constituye la regla general dentro del ordenamiento constitucional dominicano y que toda restricción debe estar sometida a estrictos controles judiciales.
FINJUS reiteró que la prisión preventiva no representa una condena anticipada y que toda persona detenida mantiene vigente la presunción de inocencia, así como el derecho a que su situación sea conocida y revisada oportunamente por los tribunales.
Además, destacó que la Constitución dominicana protege derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad y seguridad personal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, principios que deben garantizarse sin excepción.
Comentario: El pronunciamiento de FINJUS vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la eficiencia del sistema judicial. Combatir la delincuencia es una obligación del Estado, pero también lo es asegurar que ninguna persona permanezca privada de libertad al margen de las garantías constitucionales. El equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales es uno de los principales indicadores de la solidez de cualquier democracia.
Por: Noticonexion
