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Por segunda vez consecutiva, el Congreso Nacional volverá a estudiar el proyecto de reforma policial, pero esta vez la iniciativa enfrenta un escenario que podría complicar su avance: será analizada de manera simultánea por dos comisiones, una del Senado y otra de la Cámara de Diputados.
La situación representa un nuevo desafío para una propuesta que ya había perimido durante la legislatura anterior. En aquella ocasión, el proyecto fue estudiado primero en el Senado y posteriormente pasó a la Cámara de Diputados. Ahora, ambas cámaras han decidido iniciar sus respectivos procesos de análisis de manera paralela.
Esta falta de coordinación genera interrogantes sobre el futuro de la iniciativa, especialmente porque se trata de una reforma considerada clave para la modernización de la Policía Nacional. A nuestro juicio, evitar que ambas cámaras trabajen de manera coordinada podría terminar prolongando innecesariamente una discusión que lleva años sobre la mesa.
El Reglamento de la Cámara de Diputados contempla precisamente mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Entre ellos figuran las comisiones bicamerales, concebidas para procurar la conciliación cuando existen posiciones divergentes entre ambas cámaras sobre una iniciativa legislativa.
Dos comisiones y el riesgo de proyectos diferentes
En lugar de concentrar los trabajos en una comisión conjunta integrada por diputados y senadores, cada cámara ha optado por desarrollar su propio proceso de discusión, con estructuras y metodologías diferentes.
La Cámara de Diputados remitió la iniciativa a su Comisión Permanente de Interior y Policía, órgano especializado en asuntos relacionados con el orden público, la seguridad ciudadana y otros aspectos vinculados al régimen administrativo.
Mientras tanto, el Senado decidió enviar el proyecto a una comisión especial, creada específicamente para estudiar la iniciativa y con carácter excepcional y transitorio.
La diferencia en los mecanismos de análisis abre la posibilidad de que ambas cámaras terminen aprobando textos diferentes. Si esto ocurre, el proyecto tendría que atravesar una nueva etapa de modificaciones, enmiendas y negociaciones cruzadas antes de alcanzar un texto definitivo.
El diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía, consideró que la propuesta de la Cámara de Diputados debería tener prioridad debido a que fue en esa cámara donde la iniciativa perimió durante la legislatura pasada.
“Debería de ser, porque nosotros presentamos el mismo proyecto que había hecho el Senado, pero ahora se le van a hacer modificaciones”, explicó el legislador.
Por su parte, el senador Franklin Romero, proponente de la reforma en la Cámara Alta y presidente de la comisión especial que tendrá a su cargo el estudio, planteó que el Congreso debería evaluar un mecanismo que permita avanzar con la iniciativa.
Romero defendió que el Senado encabece la discusión, argumentando que durante aproximadamente siete meses esa cámara escuchó a distintos sectores vinculados con la propuesta.
Una reforma que busca transformar la Policía Nacional
El proyecto plantea modificar la Ley Orgánica 590-16, que regula la Policía Nacional, mediante cambios en la organización y funcionamiento de la institución, la carrera policial, la formación de los agentes y las normas relacionadas con el uso de la fuerza.
La iniciativa también contempla la creación de nuevas categorías policiales, mecanismos para reforzar los controles internos y medidas dirigidas a elevar la profesionalización de los miembros de la institución.
Entre sus propuestas figura la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, además de disposiciones relacionadas con los derechos, el bienestar y las compensaciones de los agentes.
El proyecto también busca establecer límites a la prestación de servicios policiales en instituciones del Estado, aunque contempla determinadas excepciones.
En este contexto, la discusión legislativa adquiere especial importancia porque la reforma no solo plantea modificaciones administrativas, sino que pretende establecer nuevas reglas para el funcionamiento de una institución directamente vinculada con la seguridad ciudadana.
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, se reunió con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para destacar la importancia de que el proyecto sea aprobado.
Rodríguez García manifestó que continuará trabajando para contribuir con la seguridad nacional y sostuvo que la reforma permitirá fortalecer institucionalmente a la Policía.
“La reforma está en espera de su legalidad para un mejor desenvolvimiento institucional”, afirmó, al explicar que el proceso deberá culminar con la aprobación del Congreso y posterior promulgación.
Ahora el proyecto dispone de un plazo de dos legislaturas para ser aprobado. De no conseguirlo, volvería a perimir. El desafío, por tanto, no es únicamente alcanzar un acuerdo sobre el contenido de la reforma, sino también conseguir que Senado y Cámara de Diputados logren coordinar sus trabajos para evitar que una iniciativa considerada estratégica para la seguridad del país vuelva a quedar atrapada en el proceso legislativo.
Por: Noticonexion
