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Luego de un año y cuatro meses de ocurrida la tragedia en la discoteca Jet Set, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan a partir de hoy el juicio de fondo por la muerte involuntaria de 236 personas y las lesiones sufridas por más de 180 afectados.
El proceso será conocido ante el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien tendrá la responsabilidad de examinar a profundidad las pruebas y los argumentos presentados por las partes para determinar si los hermanos Espaillat son penalmente responsables de los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
El juicio representa uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de una tragedia que conmocionó a la sociedad dominicana. Más allá de las posiciones enfrentadas, el tribunal deberá establecer, a partir de las pruebas, si existió negligencia, incumplimiento de normas de seguridad o una falla estructural imprevisible.
Las pruebas que presenta el Ministerio Público
Al fundamentar su auto de apertura a juicio en la existencia de “indicios suficientes de negligencia e inobservancia de las leyes”, el Primer Juzgado de la Instrucción proporcionó al Ministerio Público una base probatoria y técnica para sustentar la acusación contra los dos imputados.
Entre los elementos presentados por el órgano persecutor figuran las presuntas irregularidades en las construcciones, intervenciones y anexos realizados entre 2014 y 2025, que según la acusación habrían sido ejecutados al margen de la Ley 6232 sobre Planeamiento Urbano y del Reglamento General de Edificaciones, sin las correspondientes licencias o aprobaciones del Mived o el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Otro de los aspectos señalados por la acusación está relacionado con una intervención estructural realizada en 2015, cuando habría sido removida una “columna de soporte”, además de la colocación de 17 equipos pesados en el techo sin que, según el expediente, se realizaran estudios sismorresistentes o de capacidad de carga.
El Ministerio Público también sostiene que existió un manejo informal de advertencias relacionadas con posibles problemas estructurales antes del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.
A esto se suman pruebas periciales y extracciones digitales de conversaciones de WhatsApp, que, de acuerdo con la acusación, demostrarían el control gerencial activo de Antonio y Maribel Espaillat dentro de la sociedad Inversiones E y L, S.R.L.
Con estos elementos, el Ministerio Público procura demostrar la existencia de responsabilidad penal por los delitos de homicidio involuntario y golpes o heridas involuntarias, contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
La defensa apuesta a un contraperitaje y cuestiona la acusación
La defensa de los hermanos Espaillat, encabezada por el abogado Miguel Valerio, llega al juicio con un contraperitaje técnico que contradice aspectos fundamentales del informe presentado por el Ministerio Público.
Los expertos contratados por la defensa sostienen que la causa del colapso del establecimiento habría sido un deterioro progresivo, gradual e interno de la estructura, combinado con presuntos defectos ocultos de construcción que existirían desde el origen de la edificación.
Asimismo, el contraperitaje descarta que el derrumbe del techo haya sido provocado por los sistemas de aire acondicionado instalados en la parte superior del establecimiento.
La defensa sostiene como argumento central que los hermanos Espaillat no tenían conciencia de un riesgo inminente ni voluntad de provocar la tragedia, por lo que califican el colapso como una “falla técnica imprevista”.
Su estrategia busca mantener la discusión dentro del ámbito del homicidio involuntario, asociado a una eventual negligencia, o alcanzar la absolución penal de los imputados. También plantea que Antonio y Maribel Espaillat fueron víctimas de la tragedia, debido a que resultaron afectados por el derrumbe que destruyó el establecimiento y su patrimonio.
Entre las personas lesionadas figura la propia Maribel Espaillat, así como su esposo.
Mientras tanto, las víctimas y familiares constituidos en parte civil llegan al proceso con fuertes reclamaciones económicas. Algunas de las demandas alcanzan cifras millonarias, incluyendo solicitudes de indemnización de hasta RD$300 millones.
Entre quienes reclaman se encuentra Massiel Javier Almonte, viuda del exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, quien solicita una indemnización de esa magnitud. También se han planteado solicitudes de embargo retentivo y oposición de bienes por RD$60 millones sobre patrimonio de los imputados y de la empresa Inversiones E y L.
Asimismo, los padres del expelotero Tony Blanco reclaman una indemnización de RD$200 millones.
El juicio deberá poner frente a frente estas dos posiciones: por un lado, la tesis del Ministerio Público sobre posibles negligencias, irregularidades y responsabilidades; y por otro, la defensa que atribuye la tragedia a una falla estructural progresiva e imprevisible.
El tribunal tendrá ahora la tarea de valorar las pruebas, escuchar a los peritos, examinar los testimonios y determinar si existe responsabilidad penal. Para las familias de las víctimas, el proceso representa además la búsqueda de justicia y reparación por una tragedia que dejó una profunda huella en el país.
Por: Noticonexion
