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Nueve meses después de los primeros arrestos, el caso Senasa entra en su versión 2.0 con 28 nuevos apresamientos

Nueve meses después de los primeros arrestos, el Ministerio Público puso en marcha ayer la versión 2.0 del caso Senasa, con 28 nuevos apresamientos dirigidos contra quienes, según la acusación, constituían la parte operativa del supuesto entramado que habría defraudado a la ARS estatal Senasa por unos 15,000 millones de pesos.

En esta nueva etapa, los arrestos se concentraron en médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas vinculadas al caso. Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, donde las autoridades intervinieron 37 inmuebles.

Los detenidos permanecieron durante el día en el segundo piso del edificio de la Procuraduría, donde fueron interrogados por un equipo de fiscales. En horas de la tarde, tres personas, parientes de médicos apresados, fueron despachadas a sus casas.

Los que eran entrevistados posteriormente eran conducidos por un ascensor hasta el sótano, donde les esperaba un autobús para trasladarlos a la cárcel del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada en Ciudad Nueva. El grupo fue llevado a la fiscalía a las 10:58 de la noche y sería regresado la mañana del sábado a la Procuraduría para continuar con los interrogatorios.

El movimiento de las autoridades marca una nueva fase de un expediente que ha generado amplio interés público, no solo por el monto de los recursos presuntamente afectados, sino también por la cantidad de profesionales y prestadores de servicios que ahora aparecen vinculados a las investigaciones.

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Traslado de un detenido por el caso Senasa 2.0 en la Procuraduría General de la República. 

Hasta el momento, los nombres de los 28 apresados no han sido revelados por el Ministerio Público. Sin embargo, en la orden de allanamiento figuran especialistas de ginecología y obstetricia, cirugía general, cardiología, gastroenterología y medicina interna.

Los profesionales fueron apresados por un equipo compuesto por 45 fiscales y 200 agentes de la Policía. El Ministerio Público informó que durante los operativos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.

En la sede de la Procuraduría, abogados y familiares subían y bajaban en busca de información sobre los detenidos. Algunos cuestionaron públicamente la forma en que se produjeron los arrestos. Pedro Botello, defensor de una de las detenidas, se quejó del trato recibido por su clienta y la calificó como un «chivo expiatorio».

Pacientes que hablaron fuera de récord con periodistas también expresaron su indignación por la situación de sus allegados. No obstante, las acusaciones deberán ser establecidas dentro del proceso judicial y corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.

Desde el momento de los apresamientos, el Ministerio Público dispone de 48 horas para presentar la solicitud de medida de coerción, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer qué cargos específicos serán formalizados contra los detenidos y cuáles serán las pruebas presentadas ante el tribunal.

Entre las acciones descritas en el expediente figuran presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.

También aparecen programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como el supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Uno de los señalamientos que más llama la atención es el relacionado con afiliados masculinos que aparecían con una o varias consultas de ginecología registradas a su nombre, pese a que, al ser contactados, negaron haber recibido esos servicios. Este tipo de registros forma parte de los elementos que las autoridades deberán sustentar documentalmente durante el proceso.

Mientras se producen los nuevos arrestos, el primer grupo de imputados continúa sometido a la justicia. Santiago Hazim y otros procesados cumplen medidas de coerción por su presunta participación en el entramado investigado.

Otra línea derivada del expediente es la Operación Onco14, puesta en marcha en junio y que llevó al arresto de tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.

En medio de esta segunda fase, el presidente Luis Abinader expresó el viernes en Puerto Plata que espera que el caso continúe profundizándose y afirmó que «el que cometa un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel».

La nueva etapa del caso Senasa coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo de los recursos destinados a la salud pública y abre un proceso en el que las autoridades tendrán que presentar ante los tribunales las evidencias que sustentan sus acusaciones, mientras los imputados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Por: Noticonexion

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