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A pesar de que entre 2017 y 2024 el Gobierno de la República Dominicana habría tomado préstamos por US$510 millones, equivalentes a unos RD$29,580 millones a la tasa promedio de ese período, para buscar soluciones al problema del vertedero de Duquesa, la contaminación continúa afectando a las comunidades cercanas, los arroyos y los ríos de la zona.
A esta problemática ambiental y sanitaria se suma ahora una situación social que mantiene en preocupación a cerca de 200 familias de la comunidad de Duquesa, ubicada detrás del depósito de residuos sólidos. Sus residentes denuncian que particulares, quienes supuestamente se presentan como representantes del Gobierno sin mostrar documentos que acrediten esa condición, los presionan para que abandonen los terrenos donde han construido sus viviendas.
El drama de estas familias plantea nuevos cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la falta de respuestas a una comunidad que lleva años conviviendo con los efectos de uno de los principales problemas ambientales del Gran Santo Domingo. Resulta preocupante que, mientras se anuncian inversiones millonarias para solucionar la crisis de Duquesa, sus habitantes tengan que enfrentar ahora el temor de perder sus hogares.
Familias denuncian amenazas y ofertas de dinero para abandonar sus viviendas
Miguelina Montero, quien lleva 28 años residiendo en Duquesa, denunció que personas llegan a la comunidad ofreciendo pequeñas cantidades de dinero para que las familias abandonen los terrenos donde viven, bajo el argumento de que el Gobierno necesita esas propiedades.
Montero, madre de seis hijos, sobrevive de la venta de los materiales que logra recolectar en el vertedero. Según explicó, quienes promueven los desalojos advierten a los residentes que, si no aceptan las cantidades ofrecidas, de todas maneras serán desalojados.
Ante esta situación, pidió la intervención del Gobierno para detener a quienes, según denuncia, actúan sin presentar documentación oficial y mantienen bajo presión a las familias.
En términos similares se expresó Marisol Pérez, también madre de seis hijos, quien solicitó a las autoridades investigar y detener las acciones de quienes mantienen atemorizados a los residentes, ofreciéndoles sumas que considera insuficientes para abandonar sus hogares.
De acuerdo con los testimonios, las ofertas oscilan entre RD$15,000, RD$20,000, RD$35,000 y RD$40,000, cantidades que difícilmente permitirían a estas familias conseguir otra vivienda y comenzar nuevamente sus vidas.
«Si realmente es el Gobierno que está en el desalojo, que dé la cara y diga realmente lo que sucede, porque es muy raro un desalojo de repente, sin previo aviso, sin documentos y con amenazas», expresó Pérez.
Otra residente afectada es Diana Valdez, a quien le ofrecieron RD$45,000 por su propiedad. Sin embargo, sostiene que ese dinero no alcanza para cubrir siquiera los gastos de mudanza, especialmente porque tiene seis hijos y ese es el lugar donde nacieron y han crecido.
Las denuncias merecen una investigación inmediata. Ninguna familia debería verse obligada a abandonar su hogar mediante amenazas, presiones o procedimientos cuya legalidad no esté debidamente acreditada. Si existe un proyecto estatal que requiere esos terrenos, corresponde a las autoridades identificarlo públicamente, explicar sus objetivos y garantizar que cualquier proceso se realice conforme a la ley y con respeto a los derechos de los residentes.
Duquesa continúa contaminando los ríos Isabela y Ozama
Mientras las familias enfrentan la incertidumbre sobre sus viviendas, el problema ambiental del vertedero sigue sin una solución definitiva. La comunidad de Duquesa está ubicada detrás del depósito donde se reciben más de 5,000 toneladas de residuos sólidos procedentes del Distrito Nacional y otros municipios del Gran Santo Domingo.
Entre el vertedero y la comunidad pasa una cañada del mismo nombre, por donde circulan aguas negras provenientes de los lixiviados generados por la descomposición de los desechos.
Estas aguas contaminadas llegan al río Isabela y posteriormente continúan hacia el río Ozama, agravando el deterioro ambiental de ambos afluentes. El color oscuro y los malos olores que caracterizan algunos tramos del Isabela reflejan la magnitud de una problemática que afecta directamente el entorno de las comunidades cercanas.
Sin embargo, la contaminación no se limita a los terrenos del vertedero. Los camiones recolectores que transportan los residuos también representan una fuente de deterioro ambiental durante su recorrido, especialmente aquellos que circulan con la basura descubierta y dejan caer lixiviados sobre el pavimento.
Esperanza Núñez, integrante de la junta de vecinos de Los Casabes, denunció que esta situación genera malos olores, acumulación de desperdicios en las vías y condiciones que afectan la calidad de vida de los residentes.
Según explicó, algunos vehículos, particularmente los que no son compactadores, transportan los residuos sin cubrirlos adecuadamente. Esto provoca que parte de la basura caiga en las carreteras y que los vecinos tengan que retirarla para evitar mayores inconvenientes.
Núñez también señaló que entre los problemas de salud que preocupan a los residentes figuran las dificultades respiratorias que afectan tanto a niños como a adultos de los sectores próximos a las rutas de los camiones recolectores.
A esta realidad se agrega la escasez histórica de agua potable en Los Casabes, Jacagua, Barrio Nuevo y Arroyo Norte, comunidades pertenecientes a la sección Higüero.
Sus habitantes deben comprar tanques de 55 galones por aproximadamente RD$100 para cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Algunas familias necesitan adquirir dos o tres tanques para realizar las labores domésticas, lo que representa una carga económica considerable para una población de escasos recursos.
La situación evidencia que el problema de Duquesa no puede abordarse exclusivamente como un asunto de disposición de basura. También involucra la salud pública, el acceso al agua, la protección de los recursos naturales y las condiciones de vida de miles de personas que conviven con sus consecuencias.
Millones invertidos, carretera inconclusa y un conflicto que exige respuestas
La problemática de Duquesa también está marcada por los compromisos económicos asumidos por el Estado y las controversias relacionadas con la administración del vertedero.
A finales de marzo, una jueza federal de Estados Unidos ordenó confirmar un laudo arbitral que obliga al Gobierno dominicano a pagar cerca de US$44 millones al empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en una disputa legal que se prolongó durante casi una década y que se originó por la terminación de un contrato relacionado con la operación del vertedero y sus terrenos.
En un memorando emitido el 31 de marzo, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly acogió la recomendación de un magistrado, rechazando los intentos del Gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y favoreciendo la posición del inversionista.
A este escenario se suma la situación de los terrenos que, según las denuncias, están siendo ocupados por particulares en áreas que anteriormente se preparaban para que la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) pudiera depositar residuos sólidos de la ciudad de Santo Domingo.
La comunidad reclama que el Gobierno intervenga para esclarecer quiénes están detrás de estas ocupaciones y determine si existe alguna autorización oficial para ejecutar los desalojos denunciados.
Otro compromiso pendiente es la reconstrucción de la carretera que conduce al vertedero. En 2022, el Gobierno dispuso RD$500 millones para los trabajos en los tramos norte y sur de esa vía. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas.
De acuerdo con Esperanza Núñez, los trabajos solamente llegaron hasta el Cementerio Los Casabes y dejaron pendiente aproximadamente un kilómetro para completar el trayecto hasta el vertedero.
La dirigente comunitaria también cuestionó que, de las tres capas de asfalto contempladas en el proyecto, solamente se colocaran dos. Asimismo, denunció que no fueron instalados los reductores de velocidad frente a los centros educativos, situación que genera preocupación entre los padres durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.
El panorama de Duquesa refleja una acumulación de problemas que requieren respuestas concretas: inversiones millonarias sin una solución ambiental definitiva, comunidades expuestas a la contaminación, deficiencias en los servicios básicos, obras públicas inconclusas y denuncias de posibles desalojos irregulares.
El Gobierno tiene la responsabilidad de aclarar quiénes están promoviendo los desalojos, verificar la legalidad de las actuaciones denunciadas y garantizar que ninguna familia sea despojada arbitrariamente de su vivienda. Al mismo tiempo, debe ofrecer respuestas verificables sobre los recursos destinados al vertedero, la recuperación ambiental de los ríos y la terminación de las obras viales.
Duquesa no puede continuar siendo sinónimo de contaminación, abandono y precariedad. Las familias que viven en sus alrededores también tienen derecho a un ambiente saludable, agua potable, viviendas dignas y protección de sus derechos. Después de tantos años y tantos recursos comprometidos, la comunidad merece soluciones, no nuevas amenazas ni promesas sin cumplir.
Por: Noticonexion
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