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Los contribuyentes dominicanos tendrán que prepararse para nuevas tarifas, ajustes impositivos y mecanismos de fiscalización durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. Las medidas forman parte de una estrategia gubernamental orientada a incrementar las recaudaciones, fortalecer el control tributario y ampliar la supervisión sobre las actividades económicas.
Los cambios no se limitan al plan anticrisis o reforma reciente, conocida como Ley 30-26, sino que también incluyen compromisos tributarios que permanecían pendientes desde hace varios años y que fueron incorporados en la Ley General de Presupuesto de 2027.
Entre las medidas figuran el aumento de las tarifas del marbete vehicular, modificaciones a determinados impuestos, nuevos mecanismos de control para los contribuyentes y cambios en las escalas del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El panorama plantea un desafío para las finanzas de los hogares y las empresas, especialmente porque varias disposiciones coincidirán en un período relativamente corto. Aunque el Gobierno busca fortalecer los ingresos públicos y combatir la evasión, también tendrá que procurar que las nuevas cargas no terminen afectando desproporcionadamente a los sectores que tienen menor capacidad económica.
Nuevos impuestos y aumentos de tarifas entran en aplicación durante 2026
Una de las medidas que comenzará a sentirse entre los propietarios de vehículos es el incremento de las tarifas para obtener el marbete vehicular, correspondiente al Impuesto de Circulación Vehicular (ICV).
Este ajuste no está contemplado directamente en la Ley 30-26, sino que responde a disposiciones del Código Tributario relacionadas con la actualización de los valores por inflación, un mecanismo que permanecía pendiente desde hace aproximadamente una década.
Con las nuevas tarifas, los vehículos fabricados hasta 2021 deberán pagar RD$2,000, mientras que los modelos de 2022 en adelante tendrán que pagar RD$4,000.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) proyecta recaudar aproximadamente RD$4,700 millones por concepto de marbetes, mediante este esquema diferenciado según el año de fabricación de los vehículos.
A estas modificaciones se agregan otras cargas tributarias contempladas para 2026, entre ellas el aumento del impuesto a las transferencias bancarias y el incremento de US$10 al impuesto de salida de pasajeros, establecido dentro del plan anticrisis.
La coincidencia de estos ajustes representa un nuevo compromiso económico para ciudadanos, familias y empresas. Aunque algunas medidas responden a disposiciones tributarias que llevaban años pendientes, su aplicación en un contexto de mayores gastos cotidianos obliga a prestar atención a su impacto sobre el consumo y la capacidad adquisitiva.
El debate no debería limitarse a cuánto espera recaudar el Estado, sino también a cómo se utilizarán esos recursos y qué resultados concretos recibirá la población a cambio de las nuevas obligaciones fiscales.
DGII implementará facturación electrónica y nuevos controles para contribuyentes
Además del incremento de las recaudaciones, las autoridades tributarias buscan fortalecer los mecanismos de supervisión mediante herramientas tecnológicas y sistemas de evaluación del comportamiento fiscal.
Entre las iniciativas figuran la facturación electrónica y el denominado scoring tributario, mecanismos orientados a mejorar el seguimiento de las operaciones económicas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Durante este fin de semana, la Dirección General de Impuestos Internos anunció el esquema de clasificación identificado como 1, 2, 3 y 4, como parte de las nuevas herramientas de organización y control de los contribuyentes.
Como medida complementaria, también fue anunciada una amnistía fiscal, destinada a facilitar que personas y empresas puedan regularizar su situación ante el fisco y corregir obligaciones tributarias pendientes.
La DGII también ha desarrollado facilidades para incorporar a trabajadores independientes, pequeños negocios y contribuyentes informales al sistema tributario. Entre ellas se encuentra el facturador gratuito, una herramienta que permitirá acceder a la facturación electrónica mediante los nuevos comprobantes fiscales electrónicos.
Estas iniciativas buscan ampliar la formalización de las actividades económicas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, particularmente entre quienes todavía no cuentan con estructuras administrativas o tecnológicas para gestionar sus operaciones fiscales.
Sin embargo, el fortalecimiento de la fiscalización debe ir acompañado de orientación, asistencia y procedimientos accesibles. La modernización tributaria no debería convertirse en una carga adicional para los pequeños comerciantes y emprendedores que intentan incorporarse a la formalidad.
Otro componente de la reforma será el mayor control de los incentivos fiscales. Para ello, se contempla realizar estudios de costo-beneficio a los sectores económicos que reciben exenciones y subsidios, con el propósito de evaluar el impacto de esos beneficios sobre las finanzas públicas.
En 2027 cambiarán el ISR, los impuestos sectoriales y la fiscalización empresarial
Para 2027 se proyectan modificaciones adicionales al sistema tributario, entre ellas cambios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que afectarán tanto a empresas como a trabajadores asalariados.
Entre las medidas anunciadas figura elevar la tasa del ISR empresarial al 30 % para las compañías que facturen más de RD$1,000 millones, mientras que para los asalariados se contempla una modificación de la escala impositiva que permitiría reducir la carga tributaria en determinados niveles de ingresos.
También se establecería una nueva escala para quienes perciben salarios superiores a RD$400,000 mensuales, como parte de los ajustes a la estructura de tributación sobre los ingresos personales.
El planteamiento busca corregir el rezago que se había acumulado durante aproximadamente nueve o diez años en la actualización de las escalas del impuesto sobre la renta de los asalariados, aunque sus efectos dependerán de la aplicación concreta de los nuevos tramos y tasas.
Otro cambio previsto contempla reducir el impuesto selectivo aplicado a los seguros, compensando parte de los ingresos que dejaría de percibir el Estado mediante un incremento de los impuestos relacionados con los juegos de azar.
Asimismo, durante 2027 se implementaría un mecanismo de fiscalización basado en los niveles de riesgo de las actividades de los contribuyentes, con el objetivo de concentrar la supervisión en aquellos casos que presenten mayores posibilidades de incumplimiento.
En el ámbito institucional, las autoridades también analizarán los resultados de la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar la viabilidad de una eventual fusión entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Esta posibilidad forma parte de las discusiones sobre la reorganización de las instituciones responsables de administrar y recaudar los impuestos en el país.
En conjunto, las medidas previstas para 2026 y 2027 representan una transformación importante del esquema tributario dominicano. El Gobierno procura aumentar los ingresos, reducir los incumplimientos y mejorar la capacidad de supervisión, pero el verdadero desafío será conseguir esos objetivos sin imponer una presión excesiva sobre los hogares y el aparato productivo.
La sostenibilidad de una reforma fiscal no se mide únicamente por los miles de millones que logra recaudar, sino también por la eficiencia del gasto público, la transparencia en el uso de los recursos y la confianza que genera entre quienes cumplen con sus obligaciones. Los contribuyentes tendrán nuevas responsabilidades y, en correspondencia, también deberán poder exigir mejores servicios públicos y resultados verificables.
Por: Noticonexion
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