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Cámara de Cuentas detecta nueve irregularidades en contratos de seguridad de Edesur con Senase por más de RD$180 millones

Auditoría revela irregularidades en contratos por RD$180.7 millones

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana identificó nueve irregularidades en la contratación de servicios de seguridad realizada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) con la compañía privada Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), durante el período comprendido entre 2017 y 2026.

Los hallazgos, contenidos en una investigación especial, señalan debilidades en los procedimientos de contratación, inconsistencias financieras, ausencia de documentos de respaldo y pagos realizados fuera de la vigencia contractual.

El caso también adquiere relevancia por los antecedentes judiciales de Senase, empresa que ha figurado en las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en el marco de la denominada Operación Lobo, relacionada con presuntos actos de corrupción administrativa y manejo irregular de fondos públicos.

De acuerdo con el informe, a finales de 2017 Edesur suscribió un contrato para la prestación de servicios de seguridad durante tres años, por un monto inicial de RD$104,727,207. Posteriormente, el acuerdo fue modificado mediante cuatro adendas que alteraron los montos y ampliaron su duración hasta 2022.

Como resultado de esas modificaciones, el desembolso final ascendió a RD$180,757,984, por seis años de prestación de servicios. Esta diferencia entre el monto originalmente contratado y el total desembolsado constituye uno de los aspectos que ameritan atención sobre la planificación, supervisión y control de los recursos públicos.

Cámara de Cuentas documenta fallas en licitación, facturación y pagos

Entre las irregularidades identificadas figura la existencia de anomalías cronológicas en la legalización del contrato identificado como EDESUR-CCC-LPN-2017-02-003. La auditoría señala que Edesur firmó el acuerdo principal después de que había comenzado formalmente su período de vigencia, situación que también se repitió en las adendas III y IV.

Otro de los hallazgos corresponde a un proceso de contratación por RD$124,561,152, para el cual no se encontró evidencia suficiente de publicación en los portales digitales, lo que, según el órgano fiscalizador, representa un incumplimiento de las normativas aplicables a las compras y contrataciones públicas.

La investigación también detectó diferencias entre los montos y las cantidades contempladas en los documentos del procedimiento. Según el informe, Edesur terminó adjudicando y firmando un contrato con condiciones distintas a las establecidas en la oferta, el pliego de condiciones y el acto de adjudicación.

En términos prácticos, la cantidad de vigilantes contratados por zona no coincidía con la requerida originalmente en la licitación. Además, se identificó un compromiso de pago de RD$258,744 por encima del resultado que arrojaba el cálculo matemático del servicio.

A estas observaciones se suman deficiencias en las adendas I y II, que no contenían información sobre las horas de vigilancia diurnas y nocturnas, el monto total contratado ni los precios por hora trabajada en cada jornada.

La Cámara de Cuentas también reportó la ausencia de documentos esenciales para respaldar el procedimiento de contratación por RD$124,561,152. Entre los documentos no localizados figuran solicitudes de contratación, certificaciones de registro del contrato ante la Contraloría General de la República, actas del Comité de Compras, invitaciones a presentar ofertas, publicaciones en periódicos, certificaciones de disponibilidad de fondos y dictámenes jurídicos sobre los pliegos de condiciones.

En materia de facturación, el organismo fiscalizador encontró una diferencia de RD$500,598 entre una factura confirmada por Senase y la documentación incorporada al expediente de pago conservado por Edesur.

Asimismo, identificó 37 transacciones correspondientes a facturas y notas de crédito que no fueron suministradas para su análisis, por un monto acumulado de RD$53,882,161.

Otro señalamiento importante corresponde a 14 pagos realizados después del vencimiento de la vigencia contractual, por un total de RD$60,855,356. Aunque estos desembolsos estaban contemplados en la adenda IV, la auditoría los incluyó entre los aspectos observados, al considerar las debilidades relacionadas con la planificación y el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

El informe también señala que tres expedientes de pago, por un monto de RD$8,287,839, no fueron suministrados a los auditores, limitando la posibilidad de verificar las operaciones y obtener las evidencias necesarias.

Finalmente, se detectaron expedientes de pago sin algunos de los documentos de respaldo requeridos, por un monto de RD$172,470,145. Entre las evidencias faltantes se mencionan facturas, órdenes de compra, constancias de recepción de los servicios, autorizaciones de pago firmadas y selladas, certificaciones de cumplimiento tributario de la DGII y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), así como controles de facturación y reportes de entrada y salida del personal.

Edesur respondió a los señalamientos, pero la Cámara de Cuentas mantuvo los hallazgos

Aunque Edesur presentó respuestas a las observaciones formuladas durante la investigación, la Cámara de Cuentas decidió mantener los hallazgos al considerar que las explicaciones ofrecidas no estaban acompañadas de evidencias suficientes para demostrar lo contrario.

Este resultado vuelve a colocar en el centro del debate la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas, la supervisión de los contratos estatales y la obligación de las instituciones de conservar documentos que permitan justificar cada peso desembolsado.

Más allá de las explicaciones administrativas que pueda ofrecer la empresa distribuidora, las observaciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de control utilizados para contratar, modificar y pagar servicios de seguridad durante varios años.

El caso también pone de relieve la necesidad de que las instituciones públicas garanticen que las licitaciones se ejecuten bajo las condiciones originalmente establecidas, que las modificaciones contractuales estén debidamente justificadas y que cada pago cuente con los soportes correspondientes.

En definitiva, los hallazgos de la Cámara de Cuentas no constituyen por sí solos una declaración de responsabilidad penal, pero sí representan observaciones de auditoría que requieren aclaraciones documentadas y, cuando corresponda, las actuaciones de los organismos competentes. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y qué medidas se adoptan para corregir las debilidades detectadas.

Por: Noticonrxion

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