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Un motoconchista roza con su motocicleta a un camión mientras transitaba en vía contraria. Segundos después cae al pavimento caliente alegando dolor y, casi de inmediato, varios de sus compañeros rodean el vehículo pesado, provocando una congestión vehicular frente a la estación del Metro Centro de los Héroes. Aunque el incidente no dejó heridos graves, sí volvió a poner sobre la mesa una pregunta que desde hace semanas inquieta a quienes utilizan esa parada diariamente: ¿quién permitió la instalación de una parada de motoconchos en ese lugar?
La escena refleja una realidad que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Gran Santo Domingo, donde los motoconchos han ocupado espacios estratégicos sin que exista claridad pública sobre permisos, controles o regulaciones. El problema no es únicamente el caos vehicular; también se trata de seguridad vial, orden urbano y responsabilidad institucional. Lo preocupante es que, mientras la presencia de motocicletas crece aceleradamente, las respuestas oficiales parecen moverse en dirección contraria.
El vacío legal y la ausencia de control
La aparición de más de diez motoconchistas identificados con chalecos de asociaciones como “MOHUDA” y “UNIMODIN” frente a la estación del Metro no ocurrió por casualidad. Residentes y transeúntes aseguran que el espacio comenzó a ser ocupado tras la puesta en marcha del Corredor Independencia, cuando desaparecieron los carros públicos que tradicionalmente operaban en la zona. Poco a poco, los motoristas fueron estableciéndose hasta convertir el lugar en una parada improvisada.
Este fenómeno se repite en diferentes sectores de la capital dominicana. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en abril de 2026 circulaban en el país más de 3.9 millones de motocicletas, mientras que en el Distrito Nacional había registradas más de 841 mil. Sin embargo, apenas poco más de 11 mil conductores poseen licencia legal para manejar motocicletas, según datos del Intrant correspondientes a 2025.
La diferencia entre ambas cifras evidencia un problema estructural que durante años ha sido minimizado. Las motocicletas se han convertido en uno de los principales medios de transporte del país, pero la regulación sigue siendo débil y fragmentada. En la práctica, muchas paradas operan sin supervisión visible, mientras peatones y conductores deben adaptarse a una dinámica marcada por el desorden y la improvisación.
Intrant y Alcaldía se transfieren la responsabilidad
La Ley 63-17 establece claramente que el transporte en motocicletas debe ser regulado por el Intrant, en coordinación con los ayuntamientos. Además, la legislación contempla autorizaciones, licencias de operación y un registro municipal de motocicletas para las paradas de motoconchos.
Sin embargo, cuando se solicitaron informaciones públicas sobre registros o autorizaciones de estas paradas, tanto la Alcaldía del Distrito Nacional como el Intrant terminaron trasladándose mutuamente la responsabilidad. Desde el ayuntamiento incluso admitieron que ese registro “no existe”, mientras que el Intrant respondió señalando que la responsabilidad correspondía a las alcaldías.
La situación deja en evidencia una preocupante desconexión institucional. Aunque la ley habla de “responsabilidad compartida”, en la práctica parece tratarse de una obligación que ninguna entidad quiere asumir completamente. Y mientras las instituciones discuten competencias administrativas, las calles continúan llenándose de paradas improvisadas, congestionamientos y riesgos para conductores y peatones.
El tema adquiere todavía más relevancia cuando se observan las contradicciones en las propias memorias institucionales del Intrant. En documentos oficiales de 2025, la entidad asegura haber recibido solicitudes para registrar paradas de mototaxis, realizar censos y actualizar miembros de asociaciones. Incluso menciona capacitaciones y compensaciones económicas para motoconchistas afectados por proyectos de transporte público.
Esto demuestra que sí existe algún tipo de intervención o manejo administrativo relacionado con los motoconchos, aunque las respuestas ofrecidas públicamente parezcan indicar lo contrario. Esa contradicción alimenta aún más la percepción de desorden y falta de transparencia alrededor de un sector que moviliza diariamente a miles de dominicanos.
Una problemática que sigue creciendo
La expansión de los motoconchos responde, en gran medida, a necesidades reales de movilidad. En muchos barrios y sectores, este servicio representa la forma más rápida y económica de desplazarse. Sin embargo, la falta de regulación adecuada ha permitido que el crecimiento ocurra sin planificación ni controles efectivos.
La ausencia de supervisión no solo impacta el tránsito; también afecta la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones responsables del transporte. Cada nueva parada improvisada que surge en avenidas, estaciones del Metro o esquinas congestionadas parece enviar el mismo mensaje: el orden urbano puede esperar.
Mientras tanto, ciudadanos continúan preguntándose quién autoriza estas operaciones, bajo qué criterios funcionan y por qué las autoridades aún no logran aplicar de manera efectiva una ley que existe desde hace años. La deuda pendiente con la regulación de los motoconchos sigue creciendo al mismo ritmo que las motocicletas en las calles dominicanas.
Por: Noticonexion
