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Entidades sociales y FP denuncian poca transparencia en precios de combustibles

Diversas organizaciones sociales y el partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazaron el reciente aumento en los precios de los combustibles, alegando una marcada falta de transparencia en su aplicación. Advirtieron que este incremento impactará directamente en los productos de la canasta familiar, así como en mercancías comercializadas en tiendas, ferreterías y otros negocios.

Entre las entidades que se pronunciaron figuran la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando). Todas coinciden en rechazar que, por segunda ocasión, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) disponga aumentos sin una explicación clara para la ciudadanía.

Las organizaciones justifican su postura al recordar que durante varios años el Gobierno mantuvo el cobro de impuestos a los hidrocarburos sin reflejar aumentos significativos en el mercado internacional. Aunque valoraron que el GLP se mantenga sin variación, sostienen que el alza en otros derivados provocará un incremento en los productos de primera necesidad, afectando especialmente a amas de casa, transportistas, comerciantes y productores.

Advirtieron que cerca de 4 millones de personas podrían verse impactadas por el encarecimiento de la vida, en un contexto donde, según afirman, no se ha presentado un plan concreto para enfrentar la situación. Este señalamiento introduce una preocupación creciente: el riesgo de que la presión económica derive en tensiones sociales, especialmente en los sectores más vulnerables, donde el costo de la vida ya representa un desafío constante.

Desde la Fuerza del Pueblo, el dirigente Daniel Toribio calificó como preocupante la subida de los carburantes, señalando que el problema central radica en la ausencia de una metodología clara para fijar los precios.

El economista cuestionó que, pese a los anuncios de subsidios, no exista una regla verificable que permita entender cuándo se aplican estas medidas o cuándo se decide trasladar el aumento al consumidor final. “El país tiene derecho a saber cuál es el criterio técnico”, afirmó, destacando que la falta de claridad solo genera incertidumbre y desconfianza.

Asimismo, recordó que desde 2021 se prometió una modificación a la Ley de Hidrocarburos 112-00, iniciativa que no ha sido concretada. También criticó la inconsistencia en la aplicación del criterio basado en el precio del petróleo WTI, lo que refuerza la percepción de opacidad en la gestión de los combustibles. En conjunto, estas críticas reflejan un debate que va más allá del precio, centrado en la necesidad de transparencia y credibilidad en la política económica.

Por: Noticonexion

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