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La contratación pública representa entre el 16 % y el 20 % del gasto público total de los gobiernos a nivel global, proporción que suele ser incluso mayor en América Latina y el Caribe, donde el Estado continúa siendo el principal comprador, inversor y dinamizador de la economía. En la República Dominicana, este rol es aún más determinante: la contratación pública funciona como un verdadero instrumento de política pública, con impactos económicos, reputacionales y geopolíticos que trascienden la simple adquisición de bienes y servicios.
La reciente Ley 47-25 marca un punto de inflexión al reforzar principios como la planificación, la gestión de riesgos, la eficiencia del gasto, la transparencia, la reducción de la discrecionalidad y el valor por dinero. Sin embargo, esta reforma —que apenas inicia su aplicación— abre una pregunta inevitable: ¿puede el sistema de contratación pública cumplir realmente estos principios sin apoyarse en inteligencia artificial (IA) y analítica avanzada? Pretender lograrlo con herramientas exclusivamente analógicas resulta, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una sofisticada forma de simulación institucional.
La inteligencia artificial como herramienta estratégica del Estado
En este contexto, la IA no es una moda tecnológica ni un simple nicho de negocios, sino una herramienta estratégica. No viene a “arreglar” la contratación pública; viene a exponerla. Su mayor valor reside en su capacidad para revelar patrones de gasto mal planificados, pliegos diseñados para pocos competidores, procesos repetitivos sin evaluación de resultados y decisiones que no resisten un análisis riguroso de datos.
La inteligencia artificial permite, entre otras funciones clave: clasificar y analizar el gasto público para identificar dependencias excesivas de determinados proveedores o países; evaluar si las decisiones de compra responden a una planificación presupuestaria real o a urgencias artificiales; y detectar tempranamente riesgos de colusión, fragmentación indebida o direccionamiento de requisitos. Si la Ley 47-25 enfatiza la gestión de riesgos, la IA es hoy el único mecanismo capaz de hacerlo a escala, con agilidad y en tiempo real.
Más allá de la eficiencia: control, evidencia y soberanía
Tradicionalmente, la adopción de IA en contratación pública se ha justificado por la reducción de costos y la agilización de procesos. Se han implementado chatbots, sistemas de monitoreo y plataformas de asistencia a oferentes y funcionarios. No obstante, su verdadero potencial es mucho mayor: permite repensar la Administración Pública, mejorar la interacción con proveedores y avanzar hacia una gestión basada en evidencia.
El valor central de la IA no está en automatizar decisiones, sino en elevar la calidad del proceso, reducir asimetrías de información y fortalecer los sistemas de control, especialmente en la etapa de ejecución contractual, históricamente relegada y, paradójicamente, la más vulnerable. En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, sanciones económicas y reconfiguración de alianzas, la contratación pública también se convierte en una herramienta de soberanía. Saber quién provee, en qué condiciones y con qué nivel de concentración ya no es un dato administrativo, sino información estratégica, especialmente en sectores como energía, salud, telecomunicaciones e infraestructura.
Riesgos, gobernanza y confianza pública
En América Latina, la contratación pública sigue siendo uno de los principales focos de riesgo reputacional. Cada proceso opaco o adjudicación cuestionable erosiona la confianza ciudadana y afecta la credibilidad del país ante inversionistas, organismos multilaterales y socios comerciales. Experiencias como ChileCompra y el sistema Alice de Brasil demuestran que la IA puede monitorear procesos en tiempo real y fortalecer la detección temprana de irregularidades, alineándose con modelos europeos de alerta temprana que transforman a los órganos de control en gestores de riesgo, y no solo auditores reactivos.
Uno de los aportes más disruptivos de la IA es su capacidad para anticipar riesgos de corrupción antes de que el daño ocurra. La corrupción en contratación pública rara vez surge por ausencia normativa; suele ser consecuencia de una detección tardía. Algoritmos de detección de anomalías y modelos de análisis predictivo permiten identificar patrones recurrentes como colusión, direccionamiento de pliegos o fragmentación indebida de contratos.
No obstante, los riesgos asociados a la IA también son reales. Datos sesgados pueden reproducir exclusiones, mientras que la dependencia de soluciones propietarias extranjeras puede generar nuevas formas de dependencia estratégica, como el vendor lock-in, la pérdida de control sobre datos públicos o la incapacidad estatal para auditar decisiones algorítmicas. Adoptar IA sin comprenderla resulta tan peligroso como no adoptarla.
La Ley 47-25 abrió la puerta normativa; la tecnología ya está disponible. Lo que está en juego no es únicamente la innovación tecnológica, sino el liderazgo institucional, público y privado. La contratación pública del futuro no será simplemente más rápida: será más inteligente, más íntegra y más confiable. En esa transformación se juega algo más profundo que la eficiencia: se juega la confianza en el Estado y su capacidad de gobernar en la era digital.
Por: Noticonexion
