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La reciente sentencia contra la Dirección General de Migración (DGM) marca un precedente importante en la defensa de los derechos fundamentales frente a los excesos de poder administrativo. El caso, que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, deja al descubierto prácticas que el tribunal ha calificado como ilegales, arbitrarias y carentes de sustento judicial.
Tribunal condena a Migración por bloqueo migratorio sin respaldo legal
La Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a la Dirección General de Migración y a su titular, Luis Rafael Lee Ballester, por impedir la salida del país de Jean Alain Rodríguez y su familia en los años 2020 y 2021, antes de iniciarse el proceso penal en su contra.
El tribunal acogió una acción de habeas data, ordenando la entrega del documento que dispuso la restricción migratoria. Además, impuso una multa diaria de 30,000 pesos en caso de incumplimiento, estableciendo una sanción ejemplar por la opacidad institucional detectada.
Evidencias contradicen versión oficial de las autoridades
Durante el proceso, la DGM y la Procuraduría General de la República negaron haber impuesto restricciones migratorias. No obstante, la defensa presentó pruebas contundentes: actas notariales, boletos aéreos, fotos, videos grabados en el aeropuerto, y una carta pública de la entonces procuradora Miriam Germán Brito, reconociendo la existencia de alertas.
Estas evidencias desmontaron la versión oficial, revelando una posible coordinación para restringir derechos fuera del marco constitucional y legal. El tribunal consideró que estos actos afectaron directamente la dignidad, el honor, y las garantías básicas del exfuncionario.
Implicaciones legales y advertencia sobre el uso del poder
La decisión judicial subraya la importancia de respetar el principio de legalidad y alerta sobre el uso discrecional de medidas administrativas sin orden judicial. El tribunal aclaró que los hechos ocurrieron antes de que existiera un proceso penal, lo que agrava la situación desde el punto de vista de los derechos humanos.
Los abogados de Rodríguez consideraron la sentencia como una reivindicación judicial, y exhortaron a Migración a cumplir con la entrega del documento exigido. Por su parte, la DGM declaró que estudiará la sentencia una vez le sea notificada formalmente y tomará las decisiones institucionales correspondientes.
Por: Noticonexion
