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El registro de motoconchistas promovido por la Alcaldía de Santo Domingo Este ha generado un amplio rechazo por parte de los conductores de motocicletas, quienes consideran que el cobro de 1,000 pesos por la inscripción es excesivo e ilegal. La medida, que busca formalizar y controlar el transporte en motocicletas en el municipio, enfrenta cuestionamientos tanto de los afectados como de expertos legales y gremios del sector.
Las quejas de los motoconchistas
El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, también criticó el registro, señalando que no cuenta con base legal. «Es un registro que no tiene legalidad, porque ya existe un registro nacional de motocicletas que se gestiona a través del Intrant«, afirmó Almánzar.
Cuestionó el cobro de la suma por el registro, calificándolo como una medida recaudatoria que afecta directamente a los motoconchistas: «Si quieren tomar control interno de las motocicletas, pueden hacer un registro gratuito. Pero un cobro de arbitrio para registrar motocicletas no tiene lógica», agregó, al tiempo de cuestionar que este registro de la ley va dirigido al servicio de transporte de personas, no a los motociclistas en general.
Almánzar señaló que Fenamoto ha planteado estas preocupaciones a las autoridades municipales, sugiriendo que el registro sea gratuito y se realice en coordinación con las disposiciones legales establecidas en la Ley 63-17.
Motoconchistas como Rafael Antonio Pérez señalaron que el registro representa una carga económica difícil de asumir. «El que vive del motoconcho vive del día a día. Uno paga casa, tiene familia, hijos en la universidad… es muy caro», comentó Pérez, quien no tiene planes de inscribirse por el momento.
De su lado, Radamel Figuereo expresó su indignación por el costo y cuestionó la legalidad del proyecto: «¿Qué ley los ampara para cobrarnos ese impuesto a nosotros? Deben ponerlo más barato, pero no 1,000 pesos… ahí le están quitando la comida de cuatro días a un padre de familia«, criticó.
El registro de ASDE
El proyecto del ayuntamiento incluye la entrega de un carné con código QR, un chaleco reflectante, una chapa para la motocicleta y la cobertura de gastos fúnebres en caso de accidente. Sin embargo, el seguro médico, que ha sido promocionado como parte del beneficio, es canalizado a través de Senasa sin costo adicional, y no directamente ofrecido por la alcaldía.
¿Qué establece la ley?
La Ley 63-17, en sus artículos 75 y 76, regula el transporte en motocicletas y establece que los ayuntamientos, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), son responsables de autorizar este tipo de transporte. Según la normativa, los conductores deben cumplir con requisitos como licencia de conducir, certificado de no antecedentes penales, matrícula del vehículo y seguro vigente. No establece cobro alguno. Blanca Mateo, abogada experta en tránsito, explicó que el cobro realizado por el ayuntamiento no se ajusta a los principios legales de los arbitrios municipales. «El ayuntamiento solo puede imponer arbitrios por el pago de un servicio o una contribución especial, y este cobro no cumple con ninguna de estas condiciones», detalló Mateo, quien agregó que la coordinación con el Intrant es fundamental para la legalidad del registro.
Por: Noticonexion
