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La revelación del Ministerio Público sobre la muerte de cinco hombres en Santiago ha sacudido la opinión pública. El caso, cargado de detalles alarmantes, sugiere una actuación premeditada por parte de los agentes involucrados, quienes habrían llevado a cabo una ejecución extrajudicial en plena vía pública. Lo que en principio parecía un operativo más, se transforma ahora en una acusación grave con repercusiones judiciales de gran alcance.
Ejecución directa y sin advertencia
Los once agentes policiales llegaron al lugar a bordo de tres vehículos y, sin previo aviso, dispararon contra las víctimas que se encontraban en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago. Según la solicitud de medida de coerción, los policías actuaron coordinadamente, ubicándose frente a la entrada del establecimiento antes de abrir fuego.
El Ministerio Público sostiene que los disparos se realizaron sin mediar palabras, en presencia de un testigo clave, a quien incluso le fue confiscado su teléfono móvil, presumiblemente para ocultar evidencia audiovisual del hecho. La acción rápida y deliberada fortalece la tesis de una ejecución planificada.
Manipulación de pruebas tras el crimen
Luego del tiroteo, los policías acusados habrían iniciado una serie de acciones para ocultar pruebas y alterar la escena del crimen. El expediente indica que sustrajeron sistemas de videovigilancia (DVR) de varios locales en la plaza, e incautaron celulares a personas presentes en el lugar, incluyendo a quienes habrían captado imágenes del tiroteo.
En uno de los casos más reveladores, un comerciante fue contactado por los agentes para abrir su local y permitir acceso al sistema de cámaras. El hombre entregó el DVR voluntariamente, sin saber que se trataba de un intento de encubrimiento policial. Esta actuación refuerza los señalamientos del Ministerio Público sobre un intento sistemático de eliminar evidencia.
Solicitan prisión y caso complejo
Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los once imputados, además de la declaratoria de caso complejo, lo que ampliaría los plazos procesales para una investigación profunda. Los cargos incluyen asociación de malhechores y homicidio voluntario, conforme al Código Penal.
La investigación está siendo encabezada por altas autoridades del Ministerio Público, incluyendo al procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora interina de Santiago. También participa directamente Yeni Berenice Reynoso, quien ordenó el inicio de la pesquisa con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar una actuación basada en pruebas objetivas.
Por: Noticonexion
