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El costo de los “nudos legales” en la construcción de escuelas
Los llamados “nudos legales” con los que el gobierno del presidente Luis Abinader se encontró durante su gestión generaron alrededor de RD$1,768,534,255.55 en intereses, recursos que el Ministerio de Educación tuvo que asumir para poder continuar con múltiples obras escolares que estaban paralizadas.
De acuerdo con las memorias de los actos del Poder Ejecutivo de 2025, a los contratistas que lograron concluir la construcción de escuelas durante la actual administración se les otorgó un avance del 20 % del contrato, mientras que el 80 % restante fue financiado mediante líneas de crédito gestionadas a través del Banco de Reservas de la República Dominicana.
Ese esquema permitió avanzar en la ejecución de los proyectos, pero también generó una carga adicional: los intereses de esas líneas de crédito, que finalmente quedaron bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. En otras palabras, el Estado tuvo que pagar no solo por terminar las obras, sino también por el costo financiero acumulado durante años de retrasos.
Diseños incompletos y terrenos no identificados
Según el documento oficial del Poder Ejecutivo, el 79 % de los proyectos escolares que encontró la actual administración no contemplaban variaciones en los diseños ni acondicionamientos de terrenos. Cuando se realizaron los recálculos técnicos y presupuestarios, se determinó que muchas obras debían aumentar su costo original en más de un 25 %.
El problema se agravó porque, en muchos casos, los terrenos donde se levantarían los planteles no estaban correctamente identificados ni asignados al momento en que se realizaron los sorteos de construcción en gobiernos anteriores. Posteriormente, tras la revisión del Gobierno, se detectó que varios de esos terrenos estaban ubicados en zonas inadecuadas o con condiciones topográficas complejas, lo que obligaba a realizar trabajos adicionales de adecuación.
Todo esto terminó elevando los presupuestos iniciales y generando conflictos contractuales que frenaron el avance de las obras. En la práctica, el llamado “nudo legal” se convirtió en un obstáculo administrativo y financiero que retrasó la entrega de cientos de aulas escolares.
Lo que dice la ley y cómo se buscó resolver el problema
La Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas establece que una obra pública no puede aumentar más de un 25 % del monto originalmente contratado. Cuando los recálculos técnicos demostraron que muchas escuelas superaban ese límite, se generó el conflicto legal que paralizó los pagos a contratistas y detuvo el avance de varios proyectos.
Para enfrentar esta situación, el Gobierno promulgó el 31 de mayo de 2021 la Ley 118-21 de Terminación de Obras Públicas Inconclusas, una normativa especial que permitió reformular presupuestos y destrabar proyectos paralizados, incluidas numerosas escuelas.
Según la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, gracias a ese proceso de reorganización se han logrado construir 214 planteles escolares durante la actual gestión, con una inversión que supera los RD$17,813 millones.
Aun así, el reto no ha terminado. Todavía quedan pendientes 72 planteles escolares, equivalentes a 979 aulas, que no han podido avanzar porque no cuentan con terrenos definidos.
El panorama refleja una realidad que muchos especialistas en infraestructura pública señalan con frecuencia: cuando los proyectos se planifican sin estudios completos de terrenos, diseños y costos, el resultado suele ser el mismo: retrasos, sobrecostos y una factura que finalmente termina pagando el Estado.
Por: Noticonexion
