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La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio contra las agentes económicas Ana Esmeralda Santana, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana, tras detectar indicios razonables de prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas vinculado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La decisión se produce en un contexto de mayor vigilancia sobre los procesos de contratación estatal, donde las autoridades buscan cerrar espacios a conductas que puedan afectar la libre competencia y el uso transparente de los recursos públicos.
Indicios de coordinación en ofertas del PAE
De acuerdo con la Resolución núm. RII-DE-AAC-001-2026, ProCompetencia identificó múltiples coincidencias que apuntan a una posible colusión en licitación, entre ellas vínculos societarios entre oferentes, el uso de una red de proveedores comunes y la presentación de documentos técnicos idénticos.
Asimismo, se constató la obtención de cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva, así como la entrega de programas de control de plagas idénticos, ejecutados por la misma empresa y el mismo técnico fumigador, en fechas coincidentes, elementos que refuerzan la hipótesis de una coordinación previa entre las participantes.
Posible violación a la Ley de Competencia
Según explicó la Dirección Ejecutiva, la conducta investigada encaja de manera preliminar en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas en perjuicio de la competencia.
“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, precisó la institución, subrayando que este tipo de prácticas afectan directamente la transparencia de las compras públicas y la igualdad de condiciones entre los participantes.
Proceso investigativo y presunción de inocencia
ProCompetencia aclaró que la resolución emitida no prejuzga la culpabilidad de las empresas involucradas, sino que habilita formalmente la fase investigativa, con el objetivo de contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho a la defensa, conforme al principio de presunción de inocencia.
Este caso marca el inicio de las investigaciones de competencia en 2026, luego de que en 2025 se registrara un año récord, con 16 agentes económicos involucrados en procesos similares, reflejando una intensificación de las acciones del órgano regulador para proteger la libre competencia en la República Dominicana.
Por: Noticonexion
