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El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos, una pieza legislativa que introduce cambios significativos en el sistema de financiamiento y manejo de los desechos en el país.
La aprobación se produjo luego de que el senador Antonio Marte solicitara al pleno que el proyecto fuera incluido en la orden del día y declarado de urgencia, permitiendo así su conocimiento inmediato sin agotar los trámites habituales. Esta decisión ha reavivado el debate sobre la rapidez con la que se están aprobando reformas de alto impacto económico y ambiental.
Entre las principales modificaciones se establece la creación de una contribución especial obligatoria para personas jurídicas, entidades públicas y patrimonios autónomos que reporten ingresos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Nuevo sistema de aportes genera debate entre sectores económicos
El proyecto aprobado establece que las empresas deberán realizar aportes obligatorios destinados a la creación de un fondo especial para la gestión de residuos sólidos y la mitigación de los impactos ambientales derivados de su disposición.
El esquema contempla montos escalonados según los ingresos anuales de cada entidad, lo que implica que las empresas con mayores ganancias aportarán sumas más elevadas al sistema. Este punto ha generado discusión en sectores productivos, que consideran necesario evaluar el impacto de la medida en la competitividad empresarial.
Más allá del aspecto financiero, la medida busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de gestión de residuos, garantizando recursos estables para la operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización.
En este contexto, algunos analistas señalan que, aunque la iniciativa puede contribuir a mejorar el manejo de los desechos, también abre un debate sobre la carga impositiva y la eficiencia en el uso de los recursos recaudados.
Fondo especial financiará sistema integral de residuos en todo el país
De acuerdo con la pieza legislativa, los recursos recaudados serán destinados a un fideicomiso público encargado de financiar la operación de infraestructuras clave como los rellenos sanitarios, las estaciones de transferencia y los proyectos de valorización de residuos sólidos urbanos.
Las instituciones públicas también deberán realizar aportes que serán canalizados hacia las alcaldías y distritos municipales para cubrir gastos vinculados a la gestión de residuos urbanos.
El proyecto establece además que la DGII será responsable de la liquidación y transferencia de los fondos a la Tesorería Nacional, que a su vez los enviará al fideicomiso correspondiente, garantizando así un flujo centralizado de recursos.
Este esquema busca, según el texto aprobado, mejorar la eficiencia del sistema y asegurar financiamiento continuo para la gestión de los residuos en todo el territorio nacional.
Cambios estructurales: vertederos, plásticos y procesamiento regional
La nueva legislación también introduce transformaciones importantes en la infraestructura y regulación del manejo de residuos en el país.
Entre las disposiciones se establece que solo podrá existir un vertedero por provincia, mientras que las plantas procesadoras estarán distribuidas por regiones bajo criterios de proximidad y población, con excepción de la región Ozama, debido a su alta densidad demográfica.
Asimismo, la ley impulsa la reducción progresiva del uso de materiales contaminantes, estableciendo que el foam biodegradable deberá alcanzar un 20% en el primer año y un 90% en cinco años.
También se prohíbe la importación de productos plásticos de un solo uso como sorbetes, cucharas, tenedores, vasos y artículos de poliestireno, a menos que cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Previo a la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que la reforma sería aprobada antes del cierre de la legislatura, destacando la necesidad de ajustes urgentes al marco legal vigente.
La aprobación de esta reforma marca un nuevo capítulo en la política ambiental del país, aunque también abre interrogantes sobre su implementación, su impacto económico y la capacidad institucional para garantizar su cumplimiento efectivo.
Por: Noticonexion
