Dos senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidieron ayer al Gobierno no ceder al reclamo de la empresa Lajun Corporation, y consideraron inaceptable la exigencia al Estado del pago de 300 millones de dólares, como arreglo para evitar ir a un arbitraje internacional.
Tommy Galán y Rafael Calderón entienden además que la justicia dominicana debe primero, que un arbitraje, definir las actuaciones de Lajun “ya que hay muchas cosas que la comprometen en lo penal”.
Lajun, quien notificó a varias instituciones, incluyendo a la Procuraduría General de la República, señala que para la expropiación de sus intereses y terrenos, funcionarios del Gobierno emplearon la fuerza militar y le obstruyeron la operación del vertedero de Duquesa. “Es inaceptable, aunque no se puede limitar a una empresa a que pueda recurrir a un estamento jurídico para hacer valer lo que entiende es su derecho”, dijo ayer el senador Galán, de la provincia de San Cristóbal.
El legislador expresó, sin embargo, que hay muchas cosas que primero la justicia debe definir, porque se ha hablado incluso de falsedad en la adquisición de los terrenos, y otros incumplimientos que comprometen su responsabilidad civil y penal como empresa.
“Antes de plantear un arbitraje, creo que esas son de las cosas que deben primar”, dijo el legislador del partido gobernante.
Exhortó al Gobierno y sus instituciones a lograr el mayor nivel de defensa para evitar erogar ese dinero, que no tiene.
Mientras que Calderón, senador de Azua, aseguró que el Estado dominicano no tiene forma de perder “cualquier pleito” sobre este caso.
Refirió que todo el mundo ha observado el comportamiento de la empresa Lajun Corporation, y el manejo del vertedero de Duquesa.
“No creo que el Estado tenga ningún contrato que tenga argumento que sea demandado por Lajun. Además, el Gobierno no ha expropiado el terreno, no hay ningún decreto con eso”, agregó.
La situación con Lajun se produjo luego de un agravamiento en la recogida de basura en los diferentes municipios del Gran Santo Domingo, porque la empresa tenía un conflicto con los ayuntamientos al alegar supuestos retrasos en el pago por el servicio.