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Audiencia fijada para esta tarde
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), expediente en el que figura su exdirector Santiago Hazim. La audiencia fue programada para las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público depositara su solicitud formal.
En dicho requerimiento, el órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva para los diez arrestados, además de que el caso sea declarado complejo. Un técnico judicial que conoce el expediente comentó de manera reservada que “la magnitud del presunto desfalco obliga a un manejo procesal amplio y detallado”, apreciación que coincide con la visión de los fiscales actuantes. El juez Rigoberto Sena estará a cargo de dirigir la audiencia.
Los implicados en el expediente
El exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy encabeza la lista de imputados, integrada también por Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El Ministerio Público sostiene que todos forman parte de una estructura que, según sus investigaciones preliminares, habría afectado al Senasa con un perjuicio estimado en 15 mil millones de pesos. El fiscal Héctor García afirmó que los movimientos financieros detectados constituyen un daño “de alto impacto para los fondos públicos”, lo cual refuerza la solicitud de prisión preventiva.
El proceso investigativo está encabezado por la Dirección General de Persecución, junto a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, quienes mantienen abierta la recolección de evidencias y análisis financieros.
Delitos imputados y líneas de investigación
A los acusados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Estos cargos reflejan, según el Ministerio Público, el funcionamiento de una estructura organizada destinada a desviar recursos del seguro estatal.
Los fiscales han reiterado que el caso continúa en desarrollo y que se seguirán incorporando pruebas y análisis técnicos que permitan esclarecer la magnitud completa del presunto entramado. De momento, la atención se centra en lo que ocurra esta tarde, cuando el tribunal decida si impone la prisión preventiva solicitada y si declara el proceso como complejo, lo que marcaría el ritmo de una de las investigaciones más relevantes del año.
Por: Noticonexion
