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El caso Antipulpo sigue revelando nuevas aristas judiciales que vinculan a figuras claves del pasado gobierno. Una de las piezas que dio un giro inesperado a la investigación fue una querella presentada por el Estado y las distribuidoras eléctricas, que no solo reforzó el expediente, sino que también motivó una confesión con consecuencias millonarias.
La querella que cambió el rumbo
La querella presentada por el Estado dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edesur y Edenorte) el 14 de junio de 2021, fue un punto de inflexión en la segunda línea del caso Antipulpo. Esta acción legal llevó a Maxy Gerardo Montilla Sierra a admitir su culpabilidad en los hechos imputados.
La denuncia acusó a varios exfuncionarios y empresarios de participar en un esquema de fraude superior a los 20 mil millones de pesos, a través de contratos públicos fraudulentos y con altos niveles de sobrevaloración.
Entre los involucrados figuran nombres como Jerges Rubén Jiménez Bichara, exvicepresidente de la CDEEE; Luis Ernesto de León Núñez, exadministrador de Edeeste; y otros exadministradores de Edesur y Edenorte, además de Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas físicas y jurídicas.
Un esquema bien calculado
La querella, representada por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, imputa delitos como estafa agravada, coalición de funcionarios, soborno y lavado de activos. El documento detalla cómo operaba un esquema de fraude millonario desde el sector eléctrico, con conexiones institucionales y empresariales.
Según la acusación, Montilla Sierra se habría presentado como distribuidor exclusivo de la tecnología Twacs de Aclara Technologies, lo que forzó a las EDEs a comprar equipos a precios inflados. Además, se habrían manipulado fichas técnicas en licitaciones para dirigirlas a su empresa, Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.
Las irregularidades incluyeron contrataciones amañadas con la CDEEE, alteración de contratos ya adjudicados, cambio de moneda y adición de montos extras. Se estima que la sobrevaloración de los productos pudo llegar al 100%, y que el perjuicio económico al Estado supera los 50 mil millones de pesos.
El pacto con Maxy Montilla
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó un acuerdo de criterio de oportunidad entre la PEPCA y Maxy Gerardo Montilla Sierra. En este pacto, Montilla y sus empresas admiten su responsabilidad y autorizan el decomiso de 3 mil millones de pesos a favor del Estado dominicano.
A cambio, Montilla se compromete a colaborar con la justicia, proporcionando información sobre otros involucrados en la red de corrupción y testificando en su contra. Según el documento, su arrepentimiento, disposición a cooperar y la naturaleza del caso fueron clave para la firma del acuerdo.
“El procesado Maxy Gerardo Montilla Sierra deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados… ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo… su arrepentimiento y su intención de cooperar”, se lee en el documento oficial.
Por: Noticonexion
