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El Ministerio Público ha presentado un expediente que contiene los informes forenses emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales aportan pruebas clave sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre de 2025 en el sector La Barranquita, de Santiago de los Caballeros, donde cinco personas resultaron muertas durante un operativo policial.
El caso, calificado como ejecución extrajudicial por Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, ha generado conmoción nacional por la crudeza del operativo y las circunstancias que rodean las muertes. De acuerdo con el expediente, los informes de autopsia, toxicología, balística y análisis de residuos de pólvora revelan que las víctimas no dispararon armas de fuego, no tenían sustancias controladas en su organismo y que los proyectiles que causaron sus muertes corresponden a las armas de reglamento asignadas a los policías imputados.
Estos elementos apuntan a un patrón de actuación letal por parte de los agentes, que contradice la versión inicial de un supuesto “intercambio de disparos”. El impacto de estos hallazgos no solo cuestiona la legitimidad del operativo, sino también la transparencia institucional con que fueron manejados los hechos.
Resultados forenses confirman homicidio
Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias El Charly o Charli Chase), Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, todos ultimados en el mismo evento.
El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que todas las muertes fueron causadas por heridas de proyectil de arma de fuego, con etiología médico-legal homicida y mecanismo de muerte por shock hemorrágico, lo que indica una muerte rápida y violenta. Los exámenes toxicológicos practicados a las víctimas no detectaron presencia de sustancias controladas como cocaína, marihuana, opiáceos, metanfetamina ni éxtasis, descartando consumo reciente de drogas.
Un investigador consultado señaló que los resultados “rompen con la narrativa oficial que trató de justificar las muertes como parte de un enfrentamiento, cuando las evidencias demuestran lo contrario”.
Sin rastros de pólvora en tres de las víctimas
Un hallazgo clave proviene del Certificado de Análisis Forense No. 4125-2025, el cual determina que no se detectaron residuos de pólvora en los antebrazos ni en el dorso de las manos de tres de las víctimas: Peña Rodríguez, Guzmán Navarro y Valerio Estévez, lo que sugiere que no dispararon armas de fuego durante el hecho.
En contraste, sí se hallaron residuos de pólvora en los cuerpos de Elvis Jiménez y Julio Gómez, aunque no se especifica si esto implica el uso de armas por parte de ellos o si se trató de contaminación secundaria. Este punto abre interrogantes sobre el manejo de la escena del crimen y el posible intento de manipular evidencias.
Balística y videos vinculan a los agentes
El Informe de Balística Forense número BF-RN-2025-0075 confirma que los casquillos y proyectiles recuperados en la escena coinciden con las armas asignadas a los policías imputados: José Ignacio Gómez Rodríguez, Yohandy Encarnación, Sócrates Fidel Feliz Feliz y Hairo Mateo Morillo.
Esta evidencia fortalece la acusación del Ministerio Público sobre un uso letal y directo de la fuerza por parte de los agentes. Además, el análisis de videos forenses (Informe IFRN-235-2025) validó imágenes captadas por memorias USB y MicroSD que corroboran la presencia y participación activa de los imputados en la escena del crimen.
El Certificado Forense No. 4297-2025 determinó que se encontraron residuos de pólvora en el lado derecho del vehículo Mazda blanco en el que se desplazaban algunas de las víctimas, lo que podría indicar que fueron atacadas dentro o desde el vehículo.
El informe médico No. 3,489-2025 precisa que el imputado Yohandy Encarnación resultó herido con un trauma perforo-penetrante en el brazo izquierdo durante el incidente, con una incapacidad médico-legal provisional de 30 días. Con base en los informes emitidos por el Inacif, el Ministerio Público sostiene que el operativo en el que murieron las cinco personas no fue un enfrentamiento, sino un acto de violencia homicida, con responsabilidad penal directa de los agentes involucrados.
Por: Noticonexion
