noticonexion.com
La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) informó en diciembre pasado que durante el año 2025 emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), como resultado de incumplimientos contractuales y de la presentación de documentos falsos o adulterados, prácticas que continúan afectando la transparencia del sistema de compras públicas.
A estas sanciones se sumaron la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros pertenecientes a personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción, una medida que, aunque necesaria, vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de los controles previos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión desde el inicio de las contrataciones.
Más de 80 mil empresas activas suplen al Estado dominicano
Aunque la rendición de cuentas de la DGCP no precisó cuántas empresas ofrecen servicios actualmente a las instituciones gubernamentales, el listado oficial de proveedores del Estado, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y actualizado al 14 de enero de 2026, revela que en el país existen 80,034 empresas activas como suplidoras del Estado.
Dentro de este grupo figuran empresas de larga trayectoria, algunas creadas entre 1932 y 1985, que se incorporaron como proveedoras estatales a partir de 2005, cuando se inició el proceso de modernización de las compras públicas. Este dato refleja cómo el mercado estatal se ha convertido en un espacio clave para empresas tradicionales y nuevas, aunque no exento de riesgos cuando la fiscalización falla.
Del total de empresas activas, 8,568 corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), un segmento que continúa ganando presencia en las contrataciones públicas, pero que también enfrenta mayores desafíos ante sanciones y suspensiones que afectan la confianza general del sistema.
Un registro amplio marcado por cancelaciones e inhabilitaciones
El SECP agrupa a más de 125 mil empresas, una cifra que incluye no solo a las activas, sino también a aquellas cuya razón social fue cancelada, desactualizada, suspendida o declarada inactiva.
De acuerdo con el listado, Compras y Contrataciones ha cancelado 9,159 empresas, ha desactualizado 32,019, mantiene 3,126 inactivas, 124 inhabilitadas y 653 suspendidas. Estas estadísticas evidencian que una parte importante del universo de proveedores ha quedado fuera del sistema, ya sea por incumplimientos administrativos o por faltas más graves, lo que refuerza la percepción de que el Estado sigue reaccionando más que previniendo.
Empresas suspendidas y vínculos con el caso Senasa
Entre las últimas empresas suspendidas por la DGCP, mediante la resolución DGCP44-2025-005056, figuran varias vinculadas al entramado de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Entre ellas se encuentran Farmacard, KHERSUN, Deleste —propiedad del grupo Read y representada por Eduardo Read Estrella— y JCMV Despacho Legal, también relacionada con este último.
Otras compañías suspendidas incluyen Nutri-Med Cas y Nutrición & Medicina, de Cinty Acosta; Lufarca, propiedad de Ana Ledesma; Flavorheart Food Parts, de Heidi Pineda Perdomo; y Grupo Siulrod, de Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, fueron suspendidas Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabao y Comercializadora Harif, empresas de Ramón Frankelis Liriano Fabián, utilizadas —según las investigaciones— por José Pablo Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos. A estas se suman PDSS Servicios A Tu Salud y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, creadas por el propio Ortiz Giráldez con el mismo propósito.
Cabe recordar que Ortiz Giráldez es uno de los testigos clave de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso Senasa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, se desempeñaba como enlace entre empresarios y el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, facilitando el esquema de pagos ilícitos.
El 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, junto a varios exfuncionarios y suplidores involucrados. Mientras tanto, a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella se les dictó prisión domiciliaria, cerrando un capítulo judicial que, aunque avanza, deja abierta la discusión sobre la urgencia de reforzar la transparencia en las compras públicas del Estado.
Por: Noticonexion
