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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá este lunes la sentencia de fondo en uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana. El caso involucra a altos oficiales militares y civiles acusados de integrar una estructura que habría desviado más de 4,500 millones de pesos de instituciones estatales entre 2012 y 2020.
Entre los principales imputados figuran el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe de ese organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del antiguo Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), actualmente Politur.
La decisión judicial marca una etapa crucial en un expediente que ha permanecido bajo la atención pública debido a la magnitud de los recursos presuntamente malversados y al perfil de los involucrados.
La acusación y el supuesto entramado de desfalco
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red operó utilizando recursos asignados al Cusep, al Cestur y al Consejo Nacional para la Niñez (Conani), fondos que originalmente debían destinarse a labores de inteligencia, combustibles, alimentación y pago de personal.
La acusación sostiene que parte del esquema consistía en la inclusión de policías y militares en nóminas oficiales con salarios que oscilaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos mensuales. Sin embargo, según la investigación, estos empleados solo recibían una fracción de sus ingresos, mientras el resto era presuntamente canalizado hacia integrantes de la estructura investigada.
El órgano acusador considera que las evidencias recopiladas durante el proceso son suficientes para establecer responsabilidades penales y, por ello, ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión para algunos de los principales acusados.
El caso se ha convertido en una prueba importante para el sistema judicial dominicano, ya que pone bajo escrutinio el manejo de fondos públicos en organismos de seguridad considerados estratégicos para el Estado.
Casi treinta imputados esperan la decisión del tribunal
Además de los principales oficiales señalados, el expediente incluye a más de dos decenas de personas entre militares, exfuncionarios, familiares y colaboradores cercanos. Entre ellos figuran el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, así como Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
La lista también incluye al general Boanerges Reyes Batista, al capitán Franklin Antonio Mata Flores, al teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez, además de varios miembros activos y retirados de organismos de seguridad.
Según la acusación, algunos familiares de los principales imputados habrían participado en operaciones destinadas a ocultar o movilizar recursos obtenidos de manera irregular. Estas vinculaciones familiares han sido uno de los aspectos que más atención han generado durante el desarrollo del proceso.
Expectativa ante una sentencia de alto impacto
La sentencia será pronunciada por un tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, junto a las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes han tenido la responsabilidad de conocer el juicio de fondo tras años de investigaciones y audiencias.
Más allá de las posibles condenas o absoluciones, el fallo será observado como un referente para futuros procesos relacionados con la corrupción administrativa y el manejo de recursos públicos. La decisión también podría influir en la percepción ciudadana sobre la capacidad de las instituciones para sancionar actos que afecten el patrimonio estatal.
Con la lectura de la sentencia prevista para este lunes, el denominado caso que involucra a Adán Cáceres y otros altos oficiales entra en su fase más determinante, poniendo fin a una larga etapa judicial y abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
Por: Noticonexion
