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Sipen propone utilizar fondos de pensiones para impulsar viviendas con hipotecas de cuotas fijas de hasta 25 años

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La Superintendencia de Pensiones (Sipen) presentó una propuesta para vincular el ahorro de los trabajadores con el financiamiento de proyectos inmobiliarios y facilitar la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios con cuotas fijas y plazos de hasta 25 años. La iniciativa busca ampliar las alternativas de acceso a una vivienda propia en República Dominicana, especialmente para las familias que enfrentan dificultades para calificar a un préstamo debido a las altas tasas de interés.

El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, expuso la propuesta ante los directivos de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), quienes valoraron la iniciativa como una alternativa para dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar las posibilidades de financiamiento habitacional.

La propuesta abre el debate sobre cómo aprovechar los recursos del sistema previsional para impulsar el desarrollo económico sin descuidar la seguridad de los ahorros destinados a las pensiones de los trabajadores.

Hipotecas con cuotas fijas y plazos de hasta 25 años

Uno de los principales planteamientos de la Sipen consiste en desarrollar fondos de crédito que permitan financiar la adquisición de viviendas con plazos de 10, 15, 20 y hasta 25 años, mediante tasas de interés fijas y mecanismos de protección frente al riesgo de incumplimiento.

La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, afirmó que la iniciativa recoge propuestas que el sector constructor ha defendido durante años para facilitar la compra de viviendas. Consideró que su implementación podría generar nuevas oportunidades para las personas que actualmente encuentran dificultades para obtener financiamiento hipotecario.

Meléndez y Guido Rosario, primer vicepresidente de Acoprovi, ofrecieron estas declaraciones durante su participación en el Encuentro Económico del periódico HOY, donde destacaron la importancia de crear instrumentos financieros que permitan a las familias planificar sus compromisos económicos a largo plazo.

Rosario explicó que las cuotas fijas proporcionarían mayor previsibilidad a los compradores, quienes conocerían desde el inicio el monto que deberán pagar mensualmente durante la vigencia del préstamo. Esta modalidad permitiría organizar mejor los presupuestos familiares y reducir la incertidumbre relacionada con las variaciones de las tasas de interés.

En un contexto en el que el costo del financiamiento constituye una barrera para numerosos hogares, la posibilidad de mantener una cuota estable podría facilitar la planificación de la compra de una vivienda. Sin embargo, las condiciones definitivas de los préstamos, incluidos los requisitos de elegibilidad y las tasas aplicables, dependerán de la estructuración y puesta en marcha de los mecanismos propuestos.

Fondos de pensiones financiarían proyectos inmobiliarios y alquiler con opción a compra

La iniciativa contempla la creación de instrumentos de inversión destinados a financiar proyectos inmobiliarios, con el objetivo de conectar los recursos del sistema previsional con las necesidades de financiamiento del sector vivienda.

De acuerdo con lo explicado durante el encuentro, los fondos de pensiones participarían mediante mecanismos de inversión, mientras que las entidades bancarias serían las responsables de otorgar los préstamos hipotecarios a los compradores.

Este esquema permitiría vincular el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales con las posibilidades de adquisición de los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social. La propuesta también plantea diversificar las alternativas de inversión de los fondos de pensiones, siempre bajo las condiciones y controles que correspondan para proteger los recursos previsionales.

Otro de los componentes consiste en establecer programas de alquiler con opción a compra, dirigidos a las familias que no disponen del pago inicial requerido para acceder a una hipoteca tradicional.

Esta modalidad ofrecería una vía alternativa para quienes pueden asumir pagos periódicos por una vivienda, pero todavía no reúnen el capital necesario para completar el inicial. Su aplicación requeriría definir aspectos como las condiciones del alquiler, los plazos para ejercer la opción de compra y la proporción de los pagos que, en su caso, se reconocería para adquirir el inmueble.

Meléndez consideró que facilitar el acceso a la vivienda también podría incentivar la formalidad laboral, al representar un beneficio adicional para las personas que cotizan en el sistema de seguridad social.

No obstante, el alcance de la iniciativa dependerá de su diseño financiero, de las condiciones que establezcan las instituciones participantes y de que los instrumentos de inversión ofrezcan una relación adecuada entre rentabilidad, riesgo y protección de los ahorros de los trabajadores.

Acoprovi advierte sobre los costos de la seguridad social en la construcción

Además de la propuesta habitacional, la directiva de Acoprovi planteó las dificultades que, según explicó, genera la forma de calcular las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores de la construcción.

La asociación reclama la aplicación de un mecanismo de dispensa que permita calcular los descuentos sobre el salario efectivamente devengado por cada trabajador, tomando en cuenta las características temporales y rotativas de las labores en las obras.

La presidenta de Acoprovi explicó que un trabajador puede prestar servicios para varias empresas durante un mismo mes. Sin embargo, señaló que los descuentos pueden calcularse como si hubiera trabajado el mes completo para cada empleador, situación que incrementaría los montos aportados a la seguridad social.

Según Meléndez, esta problemática se mantiene desde 2019, pese a las gestiones realizadas ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

La dirigente sostuvo que la dispensa permitiría ajustar las cotizaciones al salario realmente recibido por cada trabajador y reducir los costos que, a juicio del sector, desincentivan la contratación formal.

Meléndez estimó que la informalidad laboral en la construcción alcanza el 83 %, una cifra que atribuyó a las particularidades de la actividad y a las dificultades que enfrentan las empresas para formalizar sus operaciones bajo las condiciones actuales.

La discusión sobre las cotizaciones se suma así al debate acerca del acceso a la vivienda y el financiamiento inmobiliario. Para Acoprovi, ampliar las opciones hipotecarias y revisar los mecanismos de aportación a la seguridad social son medidas que podrían contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores y facilitar el desarrollo del sector constructor.

En definitiva, la propuesta de la Sipen y los planteamientos de Acoprovi colocan sobre la mesa dos desafíos relacionados: facilitar el acceso de las familias a una vivienda propia y crear condiciones que favorezcan el empleo formal. La materialización de estas iniciativas dependerá de los acuerdos institucionales, las reglas de implementación y las garantías que permitan proteger tanto a los compradores como a los recursos del sistema de pensiones.

Por: Noticonexion

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