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El programa de subsidios al gasoil para el transporte público en República Dominicana, implementado por el Gobierno en 2021 para aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles, quedó bajo cuestionamiento tras una auditoría que identificó discrepancias en la distribución, recepción y consumo del combustible destinado a las asociaciones y federaciones del sector.
De acuerdo con documentos obtenidos a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el mecanismo operó durante más de tres años sin una auditoría de esta naturaleza. La primera orden de revisión se emitió en 2024 y el proceso fue ejecutado en 2025, cuando Milton Morrison encabezaba la institución.
El informe final examinó una muestra de más de 1.5 millones de galones de gasoil y documentó hallazgos que, según el propio reporte, no estaban transparentados ni justificados en la muestra auditada. Aunque el Intrant indicó que se analizó una muestra del combustible, también sostuvo que la auditoría abarcó al 100 % de los beneficiarios.
La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de los recursos públicos, especialmente por tratarse de un programa que movilizó miles de millones de pesos durante varios años. Los subsidios pueden representar un apoyo legítimo para el transporte público, pero su administración requiere controles rigurosos que garanticen que los beneficios lleguen a sus destinatarios y se utilicen para los fines establecidos.
Hallan discrepancias en la distribución de combustible y millones de galones sin consumir
Entre los principales resultados de la auditoría figura la identificación de 79 asociaciones que recibían combustible sin aparecer en la relación oficial de beneficiarios. Según los datos del informe, estas entidades recibían aproximadamente 738,000 galones de gasoil mensuales, equivalentes a poco más de RD$35 millones.
La revisión también identificó alrededor de 45 asociaciones que sí estaban incluidas en el acuerdo, pero cuyas cantidades recibidas no coincidían con los registros consignados en los documentos de despacho, conocidos como conduces firmados.
Las diferencias detectadas en este grupo representaban aproximadamente 219,000 galones de combustible, valorados en más de RD$10 millones, según las cifras presentadas en el reporte.
El documento señala, además, que casi una cuarta parte de las inspecciones realizadas a sindicatos y asociaciones de transporte presentó discrepancias entre el combustible distribuido y las cantidades registradas como recibidas.
Otros hallazgos llamaron la atención de los auditores: unas 23 asociaciones manifestaron que no recibían combustible, mientras que otras 45 compartían tanques para almacenarlo, una práctica que, de acuerdo con la evaluación institucional, dificultaba determinar con precisión las cantidades asignadas a cada organización.
A estas observaciones se suma la estimación de que aproximadamente 708,000 galones de gasoil asignados, valorados en unos RD$34 millones, no fueron consumidos.
En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto debilidades en los procedimientos de registro, almacenamiento, distribución y verificación del combustible. No obstante, las discrepancias identificadas por una auditoría no constituyen por sí solas una prueba definitiva de apropiación indebida o corrupción; para establecer responsabilidades individuales sería necesario examinar las explicaciones de los involucrados y los resultados de las investigaciones correspondientes.
Intrant notificó los hallazgos, pero persistían observaciones pendientes de corrección
El 29 de abril de 2025, el entonces director del Intrant, Milton Morrison, remitió comunicaciones a 12 federaciones de transporte y a cinco distribuidoras de combustibles, informándoles sobre los resultados de la revisión y concediéndoles un plazo de 72 horas para responder por escrito.
En esas comunicaciones, según los documentos citados, la institución utilizó expresiones como “oportunidades de mejora en los mecanismos de control y supervisión”, además de referirse a discrepancias y procesos que requerían verificación.
Entre los destinatarios figuraban dirigentes del sector transporte como Antonio Marte, presidente de Conatra; Ricardo de los Santos, vinculado a Fenatrado, y Juan Hubieres, de Fenatrano.
El informe de cierre, fechado el 6 de mayo de 2025, registró un total de 189 hallazgos sujetos a seguimiento. De estos, 51 habían sido corregidos completamente, 74 presentaban correcciones parciales y 64 permanecían sin corregir.
El mismo documento indicaba que, para esa fecha, dos distribuidoras de combustibles y tres federaciones todavía no habían remitido sus respuestas sobre los hallazgos, entre ellas Conatra, señalada en la información publicada como la organización con el mayor tope mensual de asignación dentro del programa.
La secuencia de los acontecimientos también genera interrogantes sobre la oportunidad de las medidas correctivas. El 7 de mayo de 2025, apenas un día después de la fecha del informe de cierre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Intrant firmaron una nueva adenda que incorporó más de RD$1,500 millones en subsidios por un período de seis meses, extendiendo la vigencia del acuerdo hasta finales de diciembre de ese año.
La continuidad del programa, pese a los hallazgos pendientes, hace relevante conocer qué mecanismos adicionales de control fueron implementados, cuáles compromisos asumieron las federaciones y distribuidoras y qué resultados se obtuvieron posteriormente.
Desde una perspectiva de transparencia pública, la publicación de estos datos debe ir acompañada de explicaciones documentadas y verificables. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se distribuyen los recursos del Estado y qué medidas se adoptan cuando una auditoría identifica fallas en su administración.
El acuerdo fue terminado, pero surgieron nuevas facturas por más de RD$171 millones
El 8 de octubre de 2025, el MICM, entonces dirigido por Víctor “Ito” Bisonó, notificó al Intrant, mediante el oficio número 1253, su decisión de terminar el acuerdo de cooperación establecido en 2021 para canalizar los subsidios de combustible a las federaciones de transporte público.
Sin embargo, documentos posteriores reflejaron que todavía existían compromisos económicos relacionados con el programa.
Una nueva adenda, fechada el 4 de diciembre de 2025 e identificada como la número ocho, señaló que se habían autorizado despachos adicionales por encima de los montos pactados, lo que generó facturas que excedían las cantidades originalmente acordadas.
El documento no identifica de manera inequívoca quién autorizó esos despachos adicionales, una circunstancia que deja pendiente aclarar la cadena de decisiones administrativas que dio lugar a esos compromisos.
La adenda incorporó poco más de RD$171 millones, destinados exclusivamente al pago de facturas pendientes que se habían generado por encima del monto original convenido entre las partes. El texto precisó que esta medida no suponía una reactivación adicional del programa.
Aun así, la existencia de esas facturas después de la notificación de terminación del acuerdo plantea preguntas sobre los controles aplicados a los despachos, la aprobación de los gastos y la liquidación de las obligaciones pendientes.
La documentación descrita refleja la necesidad de establecer con claridad qué cantidades de combustible fueron autorizadas, cuáles se entregaron efectivamente, quiénes las recibieron y qué procedimientos se utilizaron para validar las facturas adicionales.
El desafío para las autoridades consiste en esclarecer las discrepancias, determinar si se cumplieron los términos contractuales y establecer las responsabilidades que correspondan, si las hubiera. Una auditoría de esta magnitud no debería limitarse a identificar problemas administrativos: sus conclusiones deben servir para corregir las deficiencias, fortalecer la supervisión y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera transparente y en beneficio de la población.
En definitiva, el caso de los subsidios al transporte público evidencia la importancia de que los programas de asistencia estatal cuenten con auditorías oportunas, registros verificables y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando se administran miles de millones de pesos, la transparencia no debe ser una medida posterior a los hallazgos, sino una condición permanente de la gestión pública.
Por: Noticonexion
