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Sector turístico cuestiona la aplicación de la contribución por residuos sólidos
Las principales asociaciones del sector turístico de la República Dominicana manifestaron su preocupación por la forma en que se está aplicando la contribución establecida en la Ley 225-20 para la gestión integral de residuos sólidos, al considerar que el esquema actual perjudica especialmente a las mipymes turísticas.
La posición fue presentada durante una rueda de prensa conjunta encabezada por el presidente de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo, Bladimir Monegro, quien actuó como vocero de las distintas organizaciones que integran el sector.
Los representantes explicaron que las agencias de viajes, turoperadores, mayoristas y otras empresas de intermediación administran elevados volúmenes de facturación correspondientes a servicios prestados por terceros, pero operan con márgenes de rentabilidad reducidos y generan una cantidad mínima de residuos en comparación con otras actividades económicas.
El planteamiento del sector pone sobre la mesa un debate importante sobre cómo deben diseñarse las políticas tributarias vinculadas al medio ambiente. La sostenibilidad requiere mecanismos eficaces, pero también criterios que reflejen la realidad operativa de cada actividad económica para evitar distorsiones que afecten la competitividad.
Empresas advierten sobre un cobro que consideran desproporcionado
Durante el encuentro, Bladimir Monegro afirmó que las empresas de intermediación no pueden ser evaluadas con los mismos parámetros que industrias o establecimientos que producen grandes volúmenes de desechos.
Según explicó, aplicar la contribución tomando como base la facturación bruta provoca una carga económica que no guarda relación con la cantidad de residuos realmente generados por estas empresas.
Las asociaciones señalaron que, dentro de la cadena de comercialización turística, un mismo servicio puede ser gravado en varias ocasiones. Como ejemplo citaron el caso de una agencia minorista que adquiere un paquete a un mayorista, quien a su vez contrata hoteles, transporte o excursiones, generándose múltiples cobros sobre una misma operación comercial.
A juicio de los gremios, este modelo incrementa los costos de operación, reduce la competitividad del sector y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que además enfrentan nuevas obligaciones derivadas de recientes medidas fiscales y disponen de menor capacidad financiera para absorber incrementos en sus costos.
Gremios respaldan la sostenibilidad, pero piden transparencia y una aplicación justa
Las organizaciones dejaron claro que no se oponen a los objetivos ambientales de la Ley 225-20, sino que respaldan una gestión responsable de los residuos sólidos. Sin embargo, consideran que la aplicación de la contribución debe ajustarse a los principios establecidos por la propia legislación.
Recordaron que la normativa contempla que el cálculo de la tasa considere elementos diferenciadores como la cantidad de residuos generados, el tipo de actividad económica, los niveles de ingresos y los beneficios obtenidos, por lo que entienden que el esquema actual no refleja esos criterios de proporcionalidad.
Asimismo, solicitaron a las autoridades ofrecer mayor transparencia sobre los recursos recaudados desde la entrada en vigor de la contribución, incluyendo información sobre los proyectos ejecutados, los resultados alcanzados y los mecanismos de supervisión de esos fondos.
Los representantes del sector reiteraron finalmente su disposición de trabajar junto al Gobierno en la búsqueda de una solución equilibrada que permita cumplir los objetivos ambientales sin afectar la formalidad, la sostenibilidad financiera y la capacidad competitiva de uno de los sectores más importantes para la economía nacional. Un diálogo técnico entre las autoridades y los actores involucrados podría contribuir a encontrar un mecanismo que combine protección ambiental con condiciones equitativas para todas las actividades productivas.
Por: Noticonexion
