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La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) pidió al Gobierno adoptar medidas urgentes para proteger la producción nacional frente a la entrada de arroz estadounidense libre de aranceles, al advertir que la competencia con las importaciones podría desplazar a miles de agricultores y poner en riesgo cientos de miles de empleos vinculados a la actividad arrocera.
Entre sus principales propuestas figuran el acceso a préstamos a bajas tasas de interés para financiar las cosechas, mejorar las fincas y adquirir equipos, la revisión de los beneficios relacionados con la importación de agroquímicos y la reapertura de las exportaciones de arroz hacia Haití. También plantean revisar los costos de producción, fortalecer las cooperativas y establecer una mesa técnica que permita identificar las debilidades del sector y buscar soluciones.
Los planteamientos fueron presentados por Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz; Juan Pablo Pérez, secretario general; Wasar Sigollén, secretario de Organización, e Iván Tió, asesor de la entidad, durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Los directivos advirtieron que, aunque la entrada de arroz importado podría traducirse inicialmente en precios más bajos para los consumidores, la desaparición progresiva de la producción local podría generar el efecto contrario a largo plazo. Según sostienen, una mayor dependencia del cereal extranjero expondría el mercado dominicano a los precios internacionales, los costos de transporte y las variaciones cambiarias.
Rodríguez afirmó que existe el riesgo de debilitar la producción nacional para favorecer un escenario dominado por las importaciones. Como referencia, mencionó experiencias de países como Costa Rica y Haití, donde, según los productores, la pérdida de capacidad productiva ha contribuido a encarecer el cereal.
Fenarroz advierte sobre el impacto de las importaciones en la producción nacional
Los representantes de Fenarroz señalaron que la derogación del decreto 693-24 vuelve a presionar al sector arrocero y reactiva las preocupaciones relacionadas con el DR-CAFTA, acuerdo comercial que estableció un período de adaptación para que la producción dominicana pudiera prepararse para competir con productos estadounidenses.
Rodríguez destacó que los agricultores de Estados Unidos cuentan con mayores economías de escala y programas de subsidios que fortalecen su competitividad. Según las cifras expuestas por los directivos, esos apoyos alcanzaron US$13,800 millones durante el año anterior, equivalentes a unos US$540 por hectárea.
En contraste, los productores dominicanos deben enfrentar elevados costos de combustibles, fertilizantes, energía y mano de obra, factores que dificultan competir en condiciones similares con los agricultores estadounidenses.
La diferencia en el tamaño de las explotaciones también representa un desafío. Mientras que en República Dominicana la tenencia promedio de la tierra ronda entre 50 y 60 tareas, en Estados Unidos las explotaciones mencionadas por los representantes del sector alcanzan entre 75,000 y 100,000 tareas.
Sigollén afirmó que más del 90 % de los productores dominicanos siembra menos de 70 u 80 tareas. En zonas como Dajabón, explicó, hay agricultores que dependen de parcelas de apenas 15 tareas para sostener a sus familias.
Esta realidad dificulta el acceso al crédito y limita la capacidad de los pequeños productores para invertir en tecnología, mecanización y mejoras agrícolas. Para Fenarroz, la apertura comercial debe acompañarse de políticas que permitan corregir esas desventajas estructurales.
El arroz tiene un peso significativo en la economía agropecuaria dominicana. De acuerdo con los datos presentados por la federación, el cultivo ocupa aproximadamente 1.3 millones de tareas por ciclo de siembra, con dos ciclos al año, y genera entre 13 y 14 millones de quintales anuales. El consumo nacional oscila entre un millón y 1.25 millones de quintales mensuales.
El país cuenta, además, con unas 130 factorías, de las cuales alrededor de 40 procesan el 80 % del cereal. Los directivos estimaron que la actividad mueve entre RD$45,000 millones y RD$50,000 millones cada año y constituye uno de los principales aportes al producto interno bruto agropecuario.
Rodríguez advirtió que el desplazamiento de la producción local afectaría a más de 30,000 productores y pondría en peligro unos 300,000 empleos, según las estimaciones expuestas por la organización.
La preocupación no se limita al ingreso de los agricultores. La producción arrocera también genera materias primas para otras actividades agropecuarias, por lo que una reducción considerable de las cosechas podría repercutir en distintas cadenas productivas del país.
Productores reclaman financiamiento accesible y reapertura del mercado haitiano
Entre las principales medidas propuestas por Fenarroz figura la creación de mecanismos de financiamiento directo para los productores, con tasas de interés más bajas, plazos de pago amplios y requisitos ajustados a la realidad de las pequeñas explotaciones.
Iván Tió señaló que de los RD$3,000 millones destinados anteriormente a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), muy pocos recursos fueron utilizados debido a dificultades en la estructura de acceso al financiamiento.
El asesor de Fenarroz consideró necesario flexibilizar los requisitos para que los agricultores puedan beneficiarse de los fondos disponibles. También cuestionó que sean clasificados dentro de la categoría de préstamos comerciales, lo que, según explicó, les obliga a asumir tasas más elevadas.
Rodríguez agregó que el crédito se ha vuelto más difícil desde que se redujeron los mecanismos de préstamos asociativos, mediante los cuales las factorías supervisaban las operaciones de los productores. A esto se suman las exigencias de garantías y deslindes de terrenos por parte del Banco Agrícola.
La federación también alertó sobre la intervención de intermediarios que prestan dinero a pequeños agricultores con intereses elevados, una situación que reduce los márgenes de ganancia y aumenta el riesgo financiero de quienes dependen de cada cosecha.
En materia comercial, Rodríguez consideró que se podría permitir la importación de unas 23,000 toneladas de arroz bajo un esquema que, según sostuvo, se manejó adecuadamente sin comprometer los inventarios nacionales.
Los productores también pidieron revisar los beneficios relacionados con la importación de agroquímicos y evaluar integralmente la estructura de costos. Rodríguez mencionó que el precio de los fertilizantes habría aumentado de US$18 a US$40, además del encarecimiento de la mano de obra y los fletes marítimos.
Otra propuesta consiste en retomar las exportaciones de arroz hacia Haití, cuya suspensión, según Sigollén, se justificó por el supuesto riesgo de desabastecimiento en el mercado dominicano. Los productores fronterizos consideran que recuperar ese comercio permitiría vender parte de sus cosechas en un mercado cercano y fortalecer sus ingresos.
La federación también planteó crear una mesa técnica con participación de las autoridades y los actores de la cadena arrocera, así como recuperar las cooperativas del sector. Tió sostuvo que las asociaciones y cooperativas pueden contribuir a equilibrar las relaciones entre agricultores, factorías y empresas comercializadoras.
Estas propuestas buscan que la apertura comercial no se traduzca en una reducción de la capacidad productiva del país, sino que impulse mejoras en la eficiencia, el financiamiento y la competitividad de los agricultores dominicanos.
La incertidumbre preocupa ante la próxima temporada de siembra
Los productores aseguraron que mantienen la confianza en que las autoridades puedan encontrar soluciones, pero reconocieron que la falta de decisiones concretas genera incertidumbre justo cuando se aproxima el inicio de una nueva temporada de siembra, prevista para noviembre y diciembre.
Juan Pablo Pérez afirmó que el sector se encuentra en una situación de incertidumbre porque todavía no dispone de información clara sobre las medidas que se adoptarán.
“Sembrar con esta incertidumbre del momento es algo bastante incómodo y que nos tiene trabajando doble”, expresó.
Para los agricultores, la falta de claridad sobre las condiciones comerciales y las ayudas disponibles dificulta planificar las inversiones, calcular los costos y determinar la rentabilidad de la próxima cosecha. Las decisiones que se adopten en los próximos meses podrían influir directamente en la cantidad de tierra que se sembrará y en la capacidad de los productores para mantener sus operaciones.
Los directivos también defendieron la calidad del arroz dominicano, al considerar que tiene características culinarias y un sabor arraigado en las preferencias de los consumidores locales. Pérez sostuvo que más del 45 % del arroz producido en Estados Unidos es híbrido y cuestionó que tenga la misma calidad culinaria que el cereal dominicano.
En ese contexto, Rodríguez propuso identificar en los empaques el porcentaje de arroz nacional e importado, así como el país de procedencia, con el propósito de ofrecer mayor información a los consumidores.
Respecto a los costos, Rodríguez estimó que producir una libra de arroz en factoría cuesta entre RD$24 y RD$26, mientras que Tió indicó que el costo máximo de producción establecido por la Comisión Nacional Arrocera es de RD$31 por libra. El asesor señaló, además, que los márgenes previstos para el mayorista y el distribuidor son de un 3 % y un 4 %, respectivamente, por lo que consideró necesario examinar los costos que se agregan durante la comercialización.
Los productores advirtieron que sustituir las 1.3 millones de tareas dedicadas al cultivo por otras actividades agrícolas tendría consecuencias importantes. Según Rodríguez, ese cambio podría saturar los mercados de los cultivos alternativos y perjudicar a otros segmentos de la economía agropecuaria.
Además, Iván Tió explicó que del procesamiento del arroz se obtienen subproductos como la cáscara, que representa entre el 20 % y el 22 %; el afrecho, con alrededor del 12 %, y la puntilla y el medio grano, que representan entre el 5 % y el 8 %. Estos materiales se utilizan en actividades relacionadas con la avicultura, la ganadería y la agricultura.
La advertencia de Fenarroz coloca sobre la mesa un debate que involucra tanto la competitividad del sector como la seguridad alimentaria y el costo de los productos básicos. Si bien el acceso a importaciones más económicas puede beneficiar a los consumidores en el corto plazo, la pérdida de capacidad productiva también podría aumentar la vulnerabilidad del país ante cambios en los precios internacionales y dificultades de abastecimiento.
Por ello, la federación insiste en que la respuesta debe combinar financiamiento accesible, revisión de los costos, fortalecimiento institucional y reglas comerciales que permitan a los agricultores adaptarse a la competencia.
“La producción nacional hay que defenderla por encima de todas las cosas, no hay nada más seguro que lo que usted produce en su país”, manifestó Rodríguez.
El reto para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la apertura comercial, la protección de la capacidad productiva y el acceso de los consumidores a precios razonables. Para los arroceros, las decisiones no pueden aplazarse indefinidamente, pues la próxima siembra se acerca y miles de familias dependen de que el cultivo siga siendo una actividad económicamente viable.
Por: Noticonexion
