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Julio Cury pide investigar a la JCE por reglamento que restringe las encuestas electorales
El abogado Julio Cury pidió al Congreso Nacional abrir una investigación sobre los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que el reglamento aprobado por ese organismo para regular las encuestas electorales podría representar una extralimitación de sus facultades constitucionales y, eventualmente, una falta grave susceptible de juicio político.
La posición del jurista se refiere a la Resolución 14-2026, aprobada el 22 de mayo de 2026 por unanimidad de los cinco integrantes del pleno de la JCE. La normativa establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de estudios de opinión relacionados con procesos electorales.
El planteamiento de Cury coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre las facultades regulatorias de la JCE y los límites que establece la legislación electoral. Más allá de la discusión política, el punto de fondo es determinar hasta dónde puede llegar un reglamento administrativo cuando existe una ley que ya establece reglas específicas sobre una determinada actividad.
Cury cuestiona la prohibición de publicar encuestas
El principal cuestionamiento del abogado se concentra en el artículo 13 del reglamento, que prohíbe publicar o difundir encuestas con fines electorales antes del inicio de la precampaña, establecido para el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.
La disposición también contempla sanciones para las empresas encuestadoras, incluyendo la suspensión de su registro entre seis meses y un año, además de la cancelación definitiva en caso de reincidencia.
Cury sostiene que esta prohibición entra en contradicción con el artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, que establece restricciones para la publicación de encuestas únicamente durante los ocho días anteriores a las elecciones y permite divulgar antes de ese período aquellas realizadas previamente.
Para el jurista, la controversia no se limita a determinar si las encuestas deben publicarse o no en determinado período. El verdadero debate está relacionado con la jerarquía de las normas y con la posibilidad de que un organismo administrativo establezca mediante reglamento una prohibición que, según su interpretación, no aparece contemplada de esa manera en la ley.
El caso adquiere relevancia porque las encuestas electorales forman parte del debate público y pueden influir en la percepción de los ciudadanos sobre las preferencias políticas. Por eso, cualquier regulación debe buscar un equilibrio entre la transparencia del proceso electoral, la libertad de expresión y la necesidad de evitar prácticas que puedan afectar la equidad de las elecciones.
El principio de legalidad entra en el centro del debate
A juicio de Cury, la JCE habría convertido mediante un reglamento en infracción una conducta que la legislación permite, lo que podría entrar en conflicto con el principio de legalidad que rige las sanciones administrativas.
El abogado recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad reglamentaria de un órgano administrativo no puede utilizarse para sustituir las funciones que corresponden al legislador.
En ese contexto, Cury plantea que el Congreso Nacional constituya una comisión especial para investigar quiénes participaron en la aprobación de la disposición, cuáles objeciones constitucionales fueron conocidas durante el proceso y cuáles fueron las razones para mantener la prohibición.
El jurista aclara que no está planteando una destitución automática de los miembros de la Junta Central Electoral. Su propuesta es determinar, mediante una investigación, si la actuación pudiera alcanzar la categoría de falta grave contemplada por el ordenamiento constitucional y, en consecuencia, si existen elementos que eventualmente pudieran sustentar un juicio político.
La controversia también ha generado reacciones fuera del ámbito político. Diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil han solicitado a la JCE revisar la normativa por considerar que podría afectar derechos fundamentales.
Entre las entidades que han fijado posición figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que ha planteado que el organismo electoral debe ejercer sus facultades dentro de los límites establecidos por la Constitución.
El debate, por tanto, queda abierto. Mientras la JCE defiende su facultad regulatoria dentro del sistema electoral, sus críticos consideran que cualquier restricción que implique sanciones debe tener un respaldo claro en la ley. La discusión podría terminar siendo determinante para establecer los límites de la potestad reglamentaria de la autoridad electoral y el alcance de las encuestas en los procesos electorales dominicanos.
Por: Noticonexion
