noticonexion.com
La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que la decisión de «no ha lugar» emitida por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional constituye una confirmación de la ausencia total de pruebas que pudieran comprometer la responsabilidad penal de su representado en el denominado Caso Calamar.
Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostuvieron que el fallo representa un reconocimiento claro de las debilidades que, según aseguran, estuvieron presentes desde el inicio en el expediente presentado por el Ministerio Público.
La defensa destaca las debilidades del expediente
De acuerdo con los juristas, la acusación penal carecía de elementos objetivos capaces de sostener una eventual apertura a juicio de fondo. Argumentaron que gran parte de los señalamientos estuvieron sustentados en relatos e interpretaciones que no pudieron ser respaldados mediante pruebas verificables.
La posición de la defensa refuerza un debate recurrente en los procesos de alto perfil: la necesidad de que las acusaciones estén acompañadas por evidencias sólidas que permitan sustentar cada imputación ante los tribunales.
Cuestionan la base probatoria de la acusación
Los abogados señalaron que el expediente se apoyó en lo que calificaron como un testimonio fabricado y contradictorio, además de afirmaciones que, a su juicio, no lograron superar los estándares exigidos por el sistema judicial.
Según explicaron, la decisión de la magistrada evidencia que las pruebas presentadas no fueron suficientes para vincular penalmente a Peralta con los hechos investigados.
Este aspecto resulta particularmente relevante porque pone sobre la mesa la importancia de la calidad de las pruebas dentro de cualquier proceso penal, especialmente cuando se trata de casos que generan gran atención pública.
Un triunfo para el debido proceso
El equipo técnico expresó su satisfacción con la decisión judicial, la cual calificó como una victoria del debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.
“Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, manifestaron los abogados.
La declaración refleja una postura firme sobre la necesidad de preservar los principios fundamentales del sistema de justicia, independientemente de la relevancia política o mediática de los casos.
Auditorías y documentos respaldaron la defensa
La barra defensora insistió en que durante toda la fase preliminar fueron incorporadas diversas auditorías, certificaciones oficiales y documentos financieros que, según afirman, demostraban la inocencia de Peralta y su falta de vinculación con los hechos imputados.
Los abogados sostienen que estas evidencias permitieron desmontar las acusaciones formuladas por el órgano persecutor y aportar elementos objetivos para sustentar la posición de la defensa.
Este punto fue considerado clave dentro de la estrategia jurídica desarrollada durante el proceso.
Documentos del Ministerio Público favorecieron el descargo
Uno de los aspectos más llamativos destacados por la defensa fue que algunas de las propias piezas incorporadas por el Ministerio Público terminaron beneficiando la posición del exfuncionario.
Según explicaron, varios documentos y certificaciones presentados por el órgano acusador evidenciaron el correcto proceder de Peralta y la inexistencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal.
“Muchos de los documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo de Peralta, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal”, concluyó la defensa.
Con esta decisión judicial, el Caso Calamar suma un nuevo capítulo que podría influir en el desarrollo de otros procesos vinculados al expediente. Mientras la defensa celebra lo que considera una reivindicación jurídica, el caso continúa generando atención dentro del escenario político y judicial dominicano, donde cada resolución es observada con especial interés por la opinión pública.
Por: Noticonexion
