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Alianzas y fallos judiciales: el salvavidas de los micropartidos para cobrar millones
Mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) se prepara para decidir el próximo 25 de agosto si 33 partidos y movimientos minoritarios deben conservar o perder su personería jurídica, estas organizaciones continúan accediendo al financiamiento público.
Solo este año se destinan RD$129.6 millones para esas 33 organizaciones, equivalentes a aproximadamente RD$3.93 millones para cada una.
La supervivencia de los partidos pequeños comienza muchas veces con votaciones mínimas, pero puede prolongarse mediante alianzas electorales, interpretaciones administrativas y decisiones de los tribunales. El resultado es un escenario que genera debate, especialmente cuando organizaciones con cientos de votos reciben cantidades similares a otras que registraron cero.
El cambio judicial que abrió la puerta a nuevas interpretaciones
El presupuesto de 2026 contempla RD$1,620 millones para el financiamiento de las organizaciones políticas reconocidas.
El artículo 75 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece diferentes causas para la pérdida de la personería jurídica, entre ellas no alcanzar el porcentaje de votación requerido por la legislación.
La normativa también contemplaba la ausencia de representación congresual o municipal como una de las causas para extinguir el reconocimiento legal.
Sin embargo, ese esquema cambió después de una decisión del Tribunal Constitucional (TC) en 2021. La alta corte consideró irrazonable que una organización perdiera automáticamente su personería cuando, pese a quedar por debajo del porcentaje de votos exigido, hubiese obtenido representación directa en un ayuntamiento o en el Congreso Nacional.
Posteriormente, la Junta Central Electoral (JCE) adoptó una interpretación más amplia. En 2023, al analizar la situación jurídica del Partido Demócrata Institucional (PDI), entendió que cuando varios partidos concurren integrados en una alianza y de esa unión resulta electo un candidato, esa representación puede beneficiar a las organizaciones que forman parte del pacto.
Aquí aparece uno de los puntos más polémicos del sistema: para un micropartido, una alianza con una organización mayoritaria puede convertirse no solo en una estrategia para competir electoralmente, sino también en una vía para preservar su reconocimiento jurídico y continuar accediendo a recursos públicos.
RD$129.6 millones se reparten entre 33 organizaciones
Para 2026, la JCE presupuestó RD$1,620 millones para financiar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El reparto está estructurado en tres grandes segmentos.
Los partidos mayoritarios, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, reciben el 80 % de los recursos, con RD$432 millones para cada uno.
Los partidos intermedios, entre ellos PRD, PRSC, Dominicanos por el Cambio, País Posible y BIS, reciben RD$38.88 millones cada uno.
Mientras tanto, los 33 partidos y movimientos minoritarios se distribuyen en partes iguales RD$129.6 millones.
El elemento que genera mayor controversia es que, dentro de este último grupo, las diferencias en la cantidad de votos no modifican el monto asignado.
Así, el Movimiento Político Águila, que obtuvo 731 votos, recibe prácticamente la misma cantidad que el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, que figura con cero votos.
También reciben una asignación similar organizaciones como el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), el Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa’ Cuando, el Movimiento Humanista Independiente y el Movimiento Cívico Cabrereño.
Desde una perspectiva ciudadana, esta distribución inevitablemente genera preguntas sobre la relación entre representación electoral y financiamiento público. Aunque el sistema responde a criterios legales, la diferencia entre los niveles de votación alimenta el debate sobre si el modelo actual debería ser revisado.
La batalla por las 33 personerías llega a su punto decisivo
La controversia volvió a ocupar el centro del debate judicial. En una sentencia del 11 de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso interpuesto por Justicia Social (PJS), PUN y Opción Democrática (OD) contra una decisión del TSE.
La decisión obliga a diferenciar dos asuntos que suelen confundirse: conservar la personería jurídica y determinar cuánto financiamiento público corresponde a una organización que mantiene ese reconocimiento.
El criterio recogido en la sentencia vincula el acceso al financiamiento con la condición de organización política reconocida. Por ello, mientras una organización mantenga esa condición ante la JCE, continúa formando parte del esquema de distribución de los recursos públicos.
Precisamente ese es el punto que Proyecto Visión Nación, plataforma encabezada por José Cristopher Ramírez, llevó ante el TSE al solicitar la anulación de la personería jurídica de 33 partidos y movimientos minoritarios.
Los demandantes también intentaron detener provisionalmente el desembolso de los recursos, bajo el argumento de que, si los tribunales finalmente ordenan la desaparición jurídica de esas organizaciones, el Estado podría enfrentar dificultades para recuperar el dinero entregado durante el proceso.
La JCE, por su parte, defendió la distribución al señalar que estaba aplicando las reglas de financiamiento vigentes y las decisiones judiciales relacionadas con las organizaciones reconocidas.
El TSE rechazó la solicitud de suspender los fondos al considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para adoptar una medida cautelar.
Ahora todas las miradas están puestas en el 25 de agosto, fecha en la que el Tribunal Superior Electoral deberá decidir sobre la demanda que busca anular la personería jurídica de los 33 partidos y movimientos.
La decisión será determinante porque establecerá cuáles organizaciones pueden continuar dentro del sistema político y, por consecuencia, cuáles podrán mantener su acceso al financiamiento público.
Hasta entonces, permanece una paradoja que alimenta el debate nacional: un movimiento con cientos de votos puede recibir prácticamente lo mismo que otro que aparece con cero, siempre que ambos continúen jurídicamente reconocidos.
El fallo del TSE podría marcar un antes y un después para los micropartidos dominicanos y definir si las alianzas, las interpretaciones legales y las decisiones judiciales seguirán funcionando como un salvavidas para organizaciones que no logran alcanzar una representación electoral significativa.
Por: Noticonexion
