noticonexion.com
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison presentó el pasado viernes una querella contra la empresa Dekolor S.R.L, su presidente y gerente general Rogelio y Sandra Oruña, por intento de soborno a empleados de esa institución.
La denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la denuncia se detalla que los sobornos consistían en oferta de dinero de hasta un millón de dólares, además de amenazas personales, presión institucional a funcionarios clave del Intrant.
Estas acciones de los Oruña tenían como propósito extender un contrato que tenían con el Intrant, que ya había vencido y que consistía en instalar y operar el sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional.
El contrato suscrito originalmente en enero de 2020 por un período de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el órgano persecutor.
Este tipo de acción es inusual en el país. Por lo general, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en nombre del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acción penal, constituye un precedente excepcional difícilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicación.
Por: Noticonexion
